El proyecto promovido por el Ayuntamiento de Madrid ocupa aproximadamente 10.000 metros cuadrados y está previsto a apenas 60 metros de un colegio con 1.700 alumnos y una guardería cercana. Los vecinos argumentan que no se realizó el informe de impacto ambiental previo obligatorio y consideran que la ubicación vulnera los derechos fundamentales de los menores y del entorno.
El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha declarado la solicitud como admisible y los vecinos piden que la Comisión Europea inste al consistorio a cumplir la sentencia judicial que anuló el proyecto y a trasladar la instalación a una zona industrial adecuada, lejos de colegios y viviendas.
Protección de derechos y medio ambiente
Entre las demandas de los vecinos está la protección de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, así como del medio ambiente, en consonancia con la normativa europea. La ubicación propuesta por el Ayuntamiento de Madrid ha generado preocupación entre las familias que viven y estudian en las cercanías, por lo que la petición busca asegurar que se respeten estos derechos.
El debate en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo está programado para el 25 de febrero, lo que representa una escalada en la lucha vecinal contra el proyecto. La movilización ciudadana incluye a la Plataforma contra el Cantón de Montecarmelo y varias asociaciones vecinales, que insisten en que la instalación se reubique en una parcela de uso industrial.
Reacciones y contexto local
El conflicto por el cantón ha provocado manifestaciones multitudinarias y recursos judiciales contra el Ayuntamiento. La alternativa propuesta por los vecinos cuenta con respaldo de diversos grupos políticos municipales y busca compatibilizar la necesidad de infraestructuras de limpieza con la seguridad y bienestar de la comunidad educativa y residencial del barrio.
