La Comunidad de Madrid ha elevado el tono contra Renfe tras la fijación de los servicios mínimos para la huelga ferroviaria convocada los días 9, 10 y 11 de febrero, denunciando falta de información y coordinación y alertando de un riesgo real de colapso en la movilidad regional.
La resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible establece mínimos de hasta el 73% en Alta Velocidad, 65% en Media Distancia, 21% en Mercancías y, en Cercanías, 75% en hora punta y 50% el resto del día. La medida rige en todo el país salvo Cataluña y País Vasco, donde las comunidades autónomas fijan sus propios porcentajes.
Críticas sindicales a unos mínimos “de máximos”
Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) han calificado los porcentajes de “abusivos”, señalando que “más que servicios mínimos parecen de máximos”, especialmente el 73% en alta velocidad. A la huelga están llamados, además del Comité General de Empresa del Grupo Renfe y Semaf, CCOO, UGT, SFF-CGT, SF-I y Alferro, que advierten de afectaciones en todo el sistema ferroviario.
El CRTM acusa “deslealtad institucional”
En paralelo, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha denunciado “desinformación” por parte de Renfe sobre la aplicación concreta de los servicios mínimos. El organismo regional asegura que remitió un requerimiento formal el 30 de enero solicitando el detalle de las circulaciones previstas para planificar alternativas, sin obtener respuesta.
Para el CRTM, esta ausencia de información supone “deslealtad institucional” y pone en peligro la movilidad en la región durante los paros.
Un sistema que no puede absorber el trasvase
El Consorcio recuerda que más de 650.000 viajeros diarios utilizan Cercanías Madrid y que el sistema regional mueve 5,7 millones de viajes al día. Sustituir trenes por autobuses es inviable, subraya, al comparar capacidades: un tren puede transportar unas 1.200 personas frente a las 80 de un autobús.
Por ello, el CRTM exige servicios mínimos “suficientes y realistas” y responsabiliza a Renfe de las consecuencias de una oferta insuficiente, dejando constancia de que la Comunidad ha advertido con antelación del riesgo de colapso si no se garantiza información clara y coordinación operativa.
