La Dirección General de Tráfico ha comenzado a utilizar sistemas automáticos de vigilancia basados en Inteligencia Artificial (IA) para sancionar a los conductores en Madrid y Barcelona, un cambio tecnológico que marca un antes y un después en la relación entre ciudadanía y administración. Las nuevas cámaras inteligentes pueden detectar cambios de carril sin intermitente, invasiones de línea continua, distancias de seguridad insuficientes o maniobras “irregulares” en cuestión de segundos.
El economista José Ramón Riera advierte de que esta tecnología supone un salto cualitativo que puede transformar la finalidad del sistema: “La IA venía para ayudar, pero se va a convertir en un inspector dedicado a recaudar, nada más que a recaudar”. Según denuncia, la automatización masiva abre la puerta a un control permanente del conductor sin presencia de agentes y con menor capacidad de defensa ante errores.
Preocupación por los falsos positivos y la ausencia de contexto
Uno de los principales problemas señalados por expertos es el riesgo de falsos positivos. Las cámaras no analizan intenciones, solo patrones:
¿Qué ocurre si una moto invade un carril para evitar un accidente?
¿Si un vehículo esquiva un bache, un peatón o un objeto en la vía?
Riera alerta de que “la IA no piensa en inocentes, solo en patrones que interpreta como culpables”, y lamenta que estas decisiones puedan traducirse en sanciones casi automáticas de 200 euros sin un proceso claro para demostrar el contexto real de la maniobra.
Opacidad en los algoritmos y dudas sobre privacidad
Otro punto sensible es la falta de transparencia:
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¿Qué algoritmo decide si hay infracción?
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¿Qué criterios utiliza?
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¿Cómo puede el ciudadano revisarlo o recurrir una interpretación errónea?
Además, surge la preocupación por el almacenamiento de imágenes y vídeos:
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¿Cuánto tiempo se guardan?
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¿Quién puede acceder a ellos?
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¿Se usarán para otros fines más allá del tráfico?
Organizaciones de privacidad han alertado de que estos sistemas pueden derivar en vigilancia masiva encubierta, especialmente si los municipios amplían su uso para controlar circulación, acceso a zonas restringidas o hábitos de conducción.
Un modelo que se extenderá a más ciudades
La DGT asegura que la medida busca mejorar la seguridad vial, pero los expertos temen que su implantación responda sobre todo a criterios de eficiencia recaudatoria. “Las cámaras trabajan 24 horas, no cobran horas extra y no necesitan vacaciones”, recuerda Riera, quien subraya que el modelo será replicado por ayuntamientos y comunidades autónomas debido a su bajo coste.
Por ahora, las pruebas piloto ya funcionan en las principales vías de acceso a Madrid y en varios puntos de Barcelona. La previsión es extender la red a todas las capitales de provincia durante 2026.
Fechas, sanciones y funcionamiento del sistema
Las cámaras capturan automáticamente:
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Cambio de carril sin señalizar
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Invasión de línea continua
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Uso indebido de carriles BUS o reservados
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Falta de cinturón
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Maniobras bruscas o consideradas “irregulares”
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Distancia de seguridad insuficiente
Los sistemas utilizan IA para identificar matrículas y determinar si la escena coincide con patrones de infracción. La multa se genera de forma automática y, en muchos casos, sin validación humana previa.
Crece la petición de garantías y regulación
Diversos colectivos solicitan a la DGT que aclare:
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Qué algoritmos se están utilizando
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Cómo se revisarán los falsos positivos
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Qué vías de recurso tendrán los conductores
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Qué límites tendrá el uso de datos personales
Riera resume la preocupación de miles de ciudadanos:
“Nos van a empezar a controlar, penalizar y multar como si fuéramos delincuentes. El ciudadano ya no es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
