Comisiones Obreras de Madrid (CCOO) ha reclamado al Gobierno regional del PP la aplicación inmediata de la Ley por el Derecho a la Vivienda y la aprobación de un reglamento ambicioso que garantice el acceso efectivo a la vivienda protegida en la Comunidad. Para el sindicato, el problema del acceso a la vivienda no es solo una preocupación ciudadana, sino “el mayor de los problemas” que atraviesa actualmente la sociedad madrileña.
Ante la apertura de una consulta pública previa por parte de la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructura para regular las viviendas de protección pública, CCOO ha presentado un conjunto de propuestas detalladas con el fin de garantizar una vivienda digna como derecho fundamental, y no como un bien sometido a las reglas del mercado.
Aplicación de la Ley estatal y compromiso político
El sindicato denuncia que el Ejecutivo madrileño ha adoptado una actitud de insumisión frente a la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, lo que impide que las medidas de protección y acceso contempladas en dicha normativa se implementen de forma eficaz en la región. En este sentido, CCOO exige su aplicación “sin más demora” y que el nuevo reglamento se base en criterios de habitabilidad, sostenibilidad y prioridad para los colectivos vulnerables.
Vivienda protegida indefinida y sin salida al mercado libre
Entre sus propuestas, CCOO defiende que las viviendas de protección pública tengan calificación indefinida, lo que impediría su descalificación o venta posterior en el mercado libre. Esta medida busca proteger el parque público de vivienda y frenar su desmantelamiento progresivo, asegurando que los recursos destinados a su construcción se mantengan al servicio de las personas más necesitadas.
Parque público del 20% y movilización de viviendas vacías
Otra de las principales demandas del sindicato es ampliar progresivamente el parque público de viviendas hasta alcanzar el 20% del total del parque inmobiliario en Madrid, una cifra aún muy lejana a la realidad actual. Para lograrlo, se plantea:
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Destinar más suelo a la vivienda protegida.
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Impulsar cooperativas y entidades sin ánimo de lucro que promuevan y gestionen este tipo de viviendas.
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Movilizar viviendas vacías mediante acuerdos con propietarios privados para integrarlas en el parque público.
Vivienda de emergencia para colectivos en extrema vulnerabilidad
CCOO propone también una red de viviendas de emergencia habitacional, integradas en el parque público, destinadas a personas sin hogar, desahuciadas, víctimas de violencia o afectadas por catástrofes. Estas residencias serían temporales pero garantizarían un hogar hasta encontrar una solución definitiva.
Transparencia, criterios sociales y ayudas públicas al alquiler
El acceso a la vivienda protegida, según el sindicato, debe regirse por criterios objetivos, equitativos y transparentes, con la creación de un Registro Único de solicitantes y un sistema de ayudas exclusivamente para el alquiler, no para la compra, a fin de asegurar la permanencia del parque público.
Las subvenciones deberán destinarse a personas con bajos ingresos, familias monoparentales, mayores, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad, priorizando siempre la vulnerabilidad social y económica.
Una legislación integral para el derecho a la vivienda
Finalmente, CCOO reclama la aprobación en Madrid de una ley de vivienda autonómica integral, como ya existe en otras comunidades. Esta legislación debería garantizar la función social de la propiedad, proteger a los inquilinos frente a abusos, regular el mercado del alquiler, y apostar por la sostenibilidad y la eficiencia energética en las promociones de vivienda pública.
“La vivienda debe entenderse como un derecho, no como una mercancía”, sentencia el sindicato, que insta a la Comunidad de Madrid a dar un giro en su política de vivienda y a construir un sistema más justo y accesible para todos.
