Mañana, 28 de abril, se cumple el primer aniversario del colapso energético que dejó a oscuras a la Península Ibérica y colapsó los supermercados con la compra de productos de primera necesidad ante una posible emergencia. Un año después, el escenario sigue marcado por la incertidumbre jurídica, con 55 expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y una maraña de reproches cruzados entre el Gobierno y las grandes eléctricas que impide, por ahora, determinar quién debe pagar la factura de los daños.
Un proceso administrativo que podría alargarse 18 meses
La CNMC mantiene bajo la lupa a los principales actores del sector. El organismo instruye actualmente un expediente por infracción muy grave contra Red Eléctrica (REE), el gestor del sistema, y otros dirigidos a Naturgy, Iberdrola, Endesa, Repsol, Totalenergies, Contour, Engie y Bahía de Bizkaia por infracciones graves.
Aunque la CNMC concluyó que el cero eléctrico tuvo un "origen multifactorial" debido a una sobretensión técnica, ha detectado indicios de irregularidades normativas que se habrían prolongado en el tiempo. La resolución de estos expedientes podría demorarse hasta 18 meses, un plazo que mantiene en vilo las reclamaciones millonarias anunciadas por compañías como Repsol o Moeve, así como por miles de consumidores particulares.
Guerra en los juzgados y comisiones parlamentarias
La resolución judicial del conflicto ha tomado rumbos distintos tras el archivo de la vía penal por parte de la Audiencia Nacional, que descartó definitivamente la hipótesis de un sabotaje terrorista. Actualmente, la batalla legal se concentra en el ámbito civil, donde Iberdrola mantiene una demanda contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, a raíz de sus declaraciones vinculando el origen del apagón con un supuesto experimento en una planta fotovoltaica de Badajoz.
Paralelamente, el pulso político se mantiene en su punto álgido con conclusiones enfrentadas entre ambas cámaras, ya que mientras la comisión del Senado, de mayoría popular, señala directamente al Gobierno y al gestor de la red, las recientes comparecencias en el Congreso han permitido que los máximos directivos de las grandes eléctricas cierren filas para atribuir la responsabilidad última del incidente a Red Eléctrica.
En este contexto de parálisis administrativa, el primer aniversario del apagón llega sin un responsable claro a quien reclamar judicialmente, dejando en el aire las compensaciones por uno de los incidentes energéticos más graves de la historia reciente de España.
