La Confederación de consumidores ConsumES ha elevado el tono contra Red Eléctrica de España (REE) tras el apagón del pasado 28 de abril. La organización ha solicitado formalmente la publicación íntegra y sin ediciones de todas las grabaciones y comunicaciones operativas de la jornada del incidente y de los días anteriores. El objetivo es determinar si el operador del sistema ya conocía los problemas de inestabilidad y si, por tanto, el fallo en el suministro fue previsible y evitable.
La entidad recuerda que REE tiene la obligación legal de garantizar la seguridad del suministro eléctrico bajo criterios de transparencia. Según ConsumES, diversas informaciones apuntan a que ya existían avisos sobre problemas en el control de la tensión antes del colapso, por lo que resulta "imprescindible" conocer cómo se gestionaron esas alertas internas.
Dudas sobre el sobrecoste y la falta de previsión
La organización de consumidores también ha puesto el foco en la factura eléctrica. Tras el apagón, se ha aplicado una "operación reforzada" del sistema que está incrementando los costes para el usuario final. ConsumES cuestiona por qué estas medidas de refuerzo no se adoptaron de forma preventiva antes del 28 de abril si los riesgos técnicos ya estaban identificados.
"Los consumidores tienen derecho a saber qué sabía el operador, cuándo lo sabía y qué decisiones tomó", denuncian desde la confederación, que vincula el incidente a una posible falta de generación síncrona suficiente para mantener el control de la red ese día.
Exigencia de responsabilidades
La petición de ConsumES incluye una exigencia de transparencia total sobre el impacto económico que estas medidas están teniendo en los recibos de la luz. En caso de que se confirme que los riesgos eran conocidos por Red Eléctrica y no se actuó con antelación, la organización pedirá la depuración inmediata de responsabilidades por los perjuicios causados a millones de usuarios.
