En el marco del foro Universidad Pyme celebrado en el Auditorio Fundae, la secretaria confederal de Formación de UGT, Gema Torres Díaz, ha analizado el impacto de la Inteligencia Artificial desde la perspectiva del sindicato. Siguiendo la línea marcada por el secretario general de la organización, Pepe Álvarez, la ponente ha rechazado que el debate actual posea una naturaleza estrictamente técnica, definiéndolo como un conflicto directo sobre el reparto del poder, la organización del trabajo y la distribución de la riqueza.
El sindicato argumenta que, ante las proyecciones de la OCDE que sitúan un 28% de los empleos en España en riesgo de automatización, las ganancias de productividad derivadas de estos sistemas automatizados deben traducirse necesariamente en una reducción de la jornada laboral sin merma salarial, asegurando que el desarrollo tecnológico redunde "en más tiempo para vivir, para conciliar, para correr, para participar en la sociedad y no únicamente en mayores beneficios empresariales".
La paradoja de la digitalización y las debilidades del tejido empresarial
La responsable de UGT ha contrapuesto el relato optimista del crecimiento acelerado con los datos estructurales del mercado español extraídos de los últimos informes de la organización. Según ha expuesto en el foro, la implantación real de la Inteligencia Artificial apenas ha avanzado un 0,55% acumulado desde 2022, registrando incluso una caída interanual del 4,2% en la inversión tecnológica general debido a un notable desplome en las pequeñas y medianas empresas.
La organización califica la situación actual como la "paradoja de la digitalización", revelando que dos de cada tres empresas españolas presentan niveles bajos o muy bajos de intensidad digital y que el porcentaje de compañías que disponen de especialistas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se sitúa en un 15,7%, el indicador más bajo registrado desde el año 2007.
Esta falta de preparación resulta crítica si se considera que el 79% de las empresas identifica la carencia de conocimientos especializados como su principal obstáculo operativo, mientras que la capacitación en competencias digitales permanece estancada en niveles de hace una década.
Brechas territoriales, de género y el riesgo de exclusión laboral
La ponencia ha puesto el foco en cómo la desconexión tecnológica genera dinámicas de exclusión que afectan de manera desigual en función de la edad, la renta y el territorio. Como ejemplo de este desequilibrio territorial, el sindicato denuncia que casi un millón de personas en regiones como Galicia carecen de acceso a redes de alta velocidad, quedando marginadas de las nuevas oportunidades de empleo.
Asimismo, el informe de UGT señala el impacto de género, detallando que el empleo femenino afronta una exposición potencial a la Inteligencia Artificial entre 1,5 y 3 puntos porcentuales mayor que el masculino en todas las provincias de España. Este fenómeno responde a la elevada concentración de trabajadoras en tareas administrativas y de atención al cliente, que son precisamente las funciones más automatizables a corto plazo, lo que podría provocar un retroceso en la equidad de género "si no se gestionan de forma inclusiva".
El combate contra las "cajas negras" y la gestión algorítmica abusiva
Otro de los ejes de la intervención ha sido la denuncia de la opacidad en los centros de trabajo, donde el 20% de las empresas del país ya utiliza herramientas automatizadas para asignar tareas, supervisar el rendimiento y evaluar el desempeño del personal. UGT alerta de que estas herramientas operan habitualmente como "cajas negras", privando a las plantillas y a sus representantes legales del conocimiento sobre qué datos se emplean, qué criterios se aplican o cómo se determinan las promociones y los despidos en tiempo real.
Para neutralizar este escenario, el sindicato exige la estricta aplicación del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores en materia de derecho a la información y consulta, reclamando que los comités de empresa participen activamente en la definición de los parámetros de los sistemas de IA. La organización sostiene con firmeza que no puede haber algoritmos que organicen la actividad laboral fuera de la concertación social, defendiendo el principio de control humano como eje rector y exigiendo la posibilidad real de revisión, corrección y revocación sindical de cualquier resolución automatizada.
La formación permanente como derecho y tiempo efectivo de trabajo
Para finalizar, Gema Torres Díaz ha definido la cualificación técnica como la variable estratégica que separa la exclusión laboral de la oportunidad profesional, especialmente en el ámbito de las pymes, donde la introducción de herramientas de IA sin capacitación puede derivar en la destrucción directa de puestos.
Para revertir el desajuste de habilidades en una población donde la mitad de la fuerza de trabajo carece de competencias digitales funcionales, el sindicato insta a potenciar las convocatorias específicas de digitalización a través de Fundae y el Servicio Público de Empleo (SEPE).
No obstante, la central obrera condiciona el éxito de cualquier plan de transición a una reforma conceptual de la capacitación laboral, rechazando que deba correr a cargo del esfuerzo privado de los empleados. El sindicato concluye exigiendo que, dado que el mercado laboral impone una flexibilidad constante, "la formación es trabajo. Por eso, debe ser reconocida como tiempo efectivo de trabajo, integrada dentro de la jornada laboral y garantizada como un derecho real y efectivo de todas las personas trabajadoras".
