El Gobierno presume de creación de empleo y estabilidad económica, pero los datos de Eurostat revelan una presión creciente sobre el tejido empresarial.
En los últimos siete años, el PIB nominal de España aumentó un 38%, mientras que las cotizaciones sociales abonadas por las empresas crecieron un 55%, muy por encima del avance económico real.
En cifras, esto significa que las empresas han aportado 48.334 millones de euros más de lo que habrían debido pagar si las cuotas hubiesen evolucionado en línea con el PIB.
Este sobrecoste, que se traduce en menor competitividad y reducción de la capacidad de contratación, afecta sobre todo a micro y pequeñas empresas. De hecho, casi un 3% de ellas han desaparecido en el primer semestre de 2025, mientras que los concursos de acreedores crecieron un 87% en el primer trimestre.
Expertos señalan que el peso de las cotizaciones en el PIB ha pasado del 10% en 2018 a casi el 12% en 2025, lo que se traduce en una pérdida de liquidez empresarial que limita la inversión, la creación de empleo y la resistencia ante crisis.
Mientras tanto, el Gobierno justifica este incremento como una apuesta por la “solidaridad” y la “justicia social”, aunque las patronales advierten que se trata de un “impuesto encubierto sobre el trabajo y la producción” que ahoga al sector productivo.
