La Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES) ha lanzado hoy un mensaje de auxilio al Ejecutivo ante la escalada de los costes energéticos. La organización ha solicitado formalmente un paquete de choque que incluya una rebaja fiscal directa sobre el carburante y la electricidad, con el objetivo de evitar el cierre masivo de pequeñas empresas y autónomos asfixiados por la crisis derivada del conflicto en Irán.
El presidente de la entidad, José María Torres, ha sido especialmente crítico con la recaudación pública en este contexto. Torres ha señalado que el Estado es uno de los "principales beneficiarios" del encarecimiento del gas y el petróleo, al dispararse los ingresos por impuestos indirectos como el IVA y los impuestos especiales. "Una bajada de impuestos a los ciudadanos y empresas sería lo más coherente", ha sentenciado, apuntando también a los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas.
Propuestas para frenar la inflación
CONPYMES ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta con medidas que ya demostraron su eficacia en crisis anteriores:
- Recuperación del descuento: Solicitan la vuelta de la bonificación de los 20 céntimos por litro de carburante para todos los consumidores.
- Alivio en la factura eléctrica: Abogan por una reducción del IVA de la electricidad y por aplicar las recomendaciones europeas que permiten bajar los impuestos nacionales para aliviar a hogares e industrias.
- Control de precios: Apuestan por limitar el precio del gas a nivel comunitario para romper la espiral inflacionaria que está disparando los costes operativos de las empresas.
- Protección industrial: Para las empresas electrointensivas en riesgo, proponen que el Gobierno cubra hasta el 50% de los costes mayoristas de electricidad, acogiéndose a los márgenes que permite la Comisión Europea.
Desde la confederación insisten en que proteger el tejido industrial y empresarial es "fundamental" en este momento. Recuerdan que, con el petróleo rozando los 120 dólares, la intervención directa en los precios minoristas es la única vía para evitar que el golpe llegue íntegro al consumidor final y provoque un daño estructural en la economía española.
