El sistema público de pensiones en España atraviesa una situación cada vez más insostenible. Según un análisis basado en los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondientes al primer trimestre de 2025, la financiación del sistema depende ya en gran medida de transferencias del Estado, cuyo volumen ha crecido un 30,2 % respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 9.988 millones de euros.
Aunque los ingresos totales de la Seguridad Social han crecido un 11,8 %, este incremento esconde una realidad preocupante: las cotizaciones sociales solo aumentaron un 7,6 %, mientras que las transferencias corrientes —procedentes directamente del Tesoro Público— han sido la palanca fundamental para sostener los pagos a pensionistas. Especialmente preocupante es la caída del 10 % en las cotizaciones de los trabajadores autónomos, reflejo de una grave crisis en el autoempleo.
En 2024, el Gobierno ya destinó 48.000 millones de euros en transferencias para cubrir el déficit de la Seguridad Social. Sin ese apoyo, el déficit se habría disparado a 56.000 millones, una cifra que habría supuesto un grave problema a nivel fiscal y reputacional. Si la tendencia actual se mantiene, las transferencias podrían superar los 62.000 millones de euros a finales de 2025, lo que marcaría un nuevo récord de financiación externa para el sistema de pensiones.
Riesgo de incumplimiento del objetivo de déficit
Este escenario complica enormemente el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España con Bruselas. El Ejecutivo ha comunicado a la Comisión Europea que prevé un déficit público de 42.000 millones de euros para 2025. Sin embargo, para alcanzar esa cifra sería necesario que el resto del Estado —incluyendo administraciones generales, comunidades autónomas y corporaciones locales— alcanzara un superávit global, algo que los analistas consideran imposible.
De hecho, las propias previsiones del Gobierno estiman que la deuda pública aumentará en 82.000 millones de euros este año, lo que indica un desajuste real mucho mayor que el comunicado oficialmente. En otras palabras, el déficit será significativamente más alto de lo que se reconoce, lo que alimenta la desconfianza sobre la sostenibilidad del actual modelo de pensiones.
Perspectivas sombrías sin reformas
De no acometerse reformas estructurales urgentes, el sistema de pensiones podría entrar en una crisis irreversible a finales de 2026, advierten economistas. El actual ritmo de gasto y la falta de ingresos propios para cubrirlo convierten al sistema en una “bomba fiscal” de relojería, cuya desactivación requerirá decisiones políticas de calado.
A corto plazo, la situación obliga a repensar el modelo de financiación de las pensiones y a abordar cuestiones como la eficiencia del gasto, el envejecimiento de la población y la precariedad laboral, especialmente entre autónomos y jóvenes, cuya baja cotización compromete el equilibrio del sistema.
El colapso del sistema de pensiones no es una hipótesis remota, sino un horizonte cercano si no se aplican soluciones urgentes y efectivas. La transparencia en las cifras, la responsabilidad fiscal y el consenso político se tornan indispensables para evitar una crisis de gran calado en el pilar central del Estado del bienestar.
