La financiación efectiva de las comunidades autónomas de régimen común alcanzó en 2023 los 152.434 millones de euros, lo que supone más del doble que en 2002, cuando se situaba en 70.618 millones. Así lo refleja el último informe de Fedea sobre la evolución de la financiación regional entre 2002 y 2023.
El trabajo, elaborado por el economista Ángel de la Fuente, analiza la financiación a competencias homogéneas, es decir, los recursos destinados a servicios comunes como sanidad y educación, eliminando distorsiones derivadas de competencias singulares o de diferencias en esfuerzo fiscal.
Los datos muestran que el incremento no se ha producido de forma lineal. El gran salto se da tras la pandemia, cuando la financiación pasa de 149.530 millones en 2022 a los citados 152.434 millones en 2023, impulsada tanto por la recuperación de ingresos tributarios como por los ajustes en el sistema.
En términos de composición, los ingresos procedentes de tributos cedidos con capacidad normativa alcanzaron en 2023 los 83.878 millones, frente a los apenas 30.140 millones de 2002. Dentro de este bloque destaca el peso del IRPF, que supera los 62.500 millones, y el crecimiento de figuras como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el de Transmisiones Patrimoniales.
También crecen con fuerza los tributos sin capacidad normativa, fundamentalmente la participación autonómica en IVA e Impuestos Especiales, que suman más de 55.400 millones en 2023, casi el triple que al inicio de la serie.
Uno de los elementos más relevantes del informe es el impacto de las transferencias extraordinarias del Estado a raíz de la pandemia. Solo entre 2020 y 2022 las comunidades recibieron más de 19.600 millones de euros adicionales a través del Fondo Covid, fondos compensatorios y la condonación de liquidaciones negativas, una cifra equivalente a cerca del 17% de la financiación anual ordinaria.
En 2022, por ejemplo, estas aportaciones elevaron la financiación “aumentada” hasta casi 157.000 millones, lo que explica buena parte del salto observado en los últimos ejercicios.
El informe también advierte de la importancia de medir la financiación por habitante ajustado, un indicador que pondera factores como envejecimiento, dispersión territorial o población protegida por el sistema sanitario. Este método permite comparar la cobertura real de necesidades entre comunidades y revela que los cambios en el modelo de financiación han alterado significativamente la posición relativa de varias regiones, especialmente las más pequeñas.
Finalmente, el estudio pone el foco en el papel de los mecanismos adicionales de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómica, que han supuesto una subvención implícita a los intereses de la deuda autonómica, y en los efectos a largo plazo de la pandemia sobre la arquitectura financiera del sistema.
En conjunto, el documento concluye que el sistema ha ganado volumen y complejidad, pero sigue presentando fuertes desequilibrios territoriales que hacen imprescindible una revisión en profundidad del modelo.
