Rodríguez ha reprochado a partidos como el Partido Popular y otros grupos de la oposición que, a su juicio, han exagerado la preocupación por la ocupación ilegal de inmuebles con mensajes que alimentan el miedo entre la ciudadanía y que benefician a sectores que obtienen ganancias de esa percepción de riesgo, como ciertas empresas de seguridad. Según datos citados por la ministra, la incidencia de ocupación ilegal de viviendas en España es muy baja, en torno al 0,06 %, lo que cuestiona la magnitud del problema percibido por parte de algunos grupos políticos y mediáticos.
La responsable del Ministerio ha señalado que, si realmente existiera un riesgo real de ocupación generalizada, las aseguradoras no ofrecerían coberturas a precios asequibles, una reflexión que emplea para ilustrar cómo la percepción de peligro puede exagerarse en comparación con los datos estadísticos disponibles.
Rodríguez ha vinculado esta narrativa al uso político y mediático del tema, subrayando que crear miedo puede servir tanto para captar votos como para incentivar el consumo de servicios de seguridad, un fenómeno que, según ella, desvía la atención de los verdaderos problemas estructurales del acceso a la vivienda en España.
La ministra también ha defendido que no hay un problema generalizado de okupación ilegal, argumento que ya había pronunciado anteriormente al afirmar que el foco debería estar en la escasez de vivienda accesible y en medidas que aborden directamente la falta de oferta adecuada en el mercado residencial, en lugar de centrarse en una narrativa de alarma social.
