FSIE ha participado en el trámite de audiencia pública del proyecto normativo que transpone la Directiva (UE) 2022/2041 sobre salarios mínimos adecuados, con el objetivo de mejorar la aplicación práctica del SMI en España y evitar distorsiones en la estructura salarial de los convenios colectivos.
El sindicato ha valorado positivamente que el texto contemple la limitación de la compensación y absorción de determinados complementos salariales, una práctica que durante años ha impedido que las subidas del salario mínimo se traduzcan en incrementos reales en las nóminas de los trabajadores.
Sin embargo, FSIE considera que el proyecto aún presenta lagunas que pueden generar inseguridad jurídica. En particular, advierte de que la norma permite excepciones que posibilitan la absorción de algunos complementos vinculados a la estructura de los convenios colectivos o a la política salarial de las empresas.
Esta situación, según el sindicato, afecta especialmente a sectores como la enseñanza concertada, la educación infantil o los centros de atención a personas con discapacidad, donde existen categorías profesionales cuyo salario base se sitúa por debajo del SMI y solo alcanzan el mínimo legal mediante la suma de distintos complementos.
En la práctica, esto provoca que las subidas del salario mínimo se compensen con conceptos como la antigüedad o los complementos autonómicos, lo que diluye su impacto real en los ingresos de los trabajadores. FSIE alerta de que esta dinámica genera una homogeneización salarial entre categorías con diferentes niveles de responsabilidad y contribuye al aumento de conflictos laborales y litigios.
Ante este escenario, la organización sindical ha propuesto introducir una cláusula clara en el nuevo Real Decreto que garantice que el salario base pactado para una jornada completa no pueda ser inferior en ningún caso al SMI vigente. Con ello, busca consolidar el carácter estructural del salario mínimo como referencia real y efectiva dentro del sistema retributivo.
FSIE defiende que esta medida aportaría mayor seguridad jurídica, evitaría interpretaciones dispares y reforzaría la función del SMI como herramienta de protección de los trabajadores, especialmente en sectores con salarios más ajustados.
Con estas alegaciones, el sindicato reafirma su papel en la defensa de los profesionales de la enseñanza concertada y privada, así como de los trabajadores de centros de atención a personas con discapacidad, tanto en la negociación colectiva como en el desarrollo normativo.
