El objetivo es combatir la opacidad de los algoritmos que ajustan tarifas según el perfil del usuario y garantizar que todos los productos comercializados en el mercado interior, incluidos los de plataformas de terceros países, cumplan rigurosamente con los estándares de seguridad y calidad de la Unión Europea.
La declaración, impulsada por los ministerios de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y de Asuntos Exteriores, pone el foco en los desafíos que plantean los precios dinámicos. Aunque el análisis automatizado de datos ofrece oportunidades económicas, el Gobierno advierte sobre los riesgos de "discriminación algorítmica", especialmente para colectivos vulnerables y menores. El Ejecutivo considera esencial que la innovación tecnológica no atropelle las garantías de equidad, exigiendo que las empresas informen de forma clara sobre los criterios que influyen en sus ofertas comerciales personalizadas.
Para lograrlo, España se apoyará en la aplicación de la Digital Services Act (DSA), que impone obligaciones de transparencia y prohíbe las prácticas comerciales desleales en el entorno online. El objetivo es que cualquier persona pueda conocer por qué recibe una oferta determinada y asegurar un acceso equitativo a productos y servicios, evitando que los perfiles de consumo se utilicen para encarecer precios de forma arbitraria o injustificada.
Supervisión del mercado y competencia desleal
Otro de los pilares de la declaración es el refuerzo de la vigilancia sobre las grandes plataformas de comercio electrónico. El crecimiento de operadores establecidos en terceros países ha incrementado la presencia de productos que, en ocasiones, eluden las normativas de seguridad y calidad europeas. El Gobierno se compromete a aplicar con rigor el Reglamento de Seguridad General de los Productos, obligando a las plataformas digitales a colaborar activamente en la retirada de artículos ilícitos o peligrosos.
Esta medida no solo busca proteger la salud y seguridad de los consumidores, sino también evitar la competencia desleal hacia los operadores económicos establecidos en Europa, quienes sí cumplen con la exigente normativa comunitaria. El Gobierno trabajará en cooperación con las instituciones europeas para mejorar la responsabilidad de los marketplaces y construir una economía digital que esté, verdaderamente, al servicio de las personas.
