La Política Agraria Común (PAC) es la principal estrategia de la Unión Europea para garantizar la seguridad alimentaria, impulsar una agricultura sostenible y proteger la vida en el medio rural. Desde 1962 se ha consolidado como una de las políticas comunitarias más relevantes, financiada a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
En España, el Plan Estratégico 2023-2027 fija como prioridades el apoyo directo a agricultores y ganaderos, la protección del medio ambiente, el impulso al relevo generacional y la mejora de la vida en el medio rural. Actualmente, más de 582.000 agricultores y ganaderos han solicitado ayudas en 2025, que cubren 22,1 millones de hectáreas.
Los incendios del verano de 2025 han puesto a prueba el alcance de la PAC. Cultivos como el viñedo en Orense, el trigo en Castilla y León o el olivar y los cítricos en Andalucía y Levante se han visto afectados, así como zonas de pastos esenciales para la ganadería extensiva. Ante ello, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha garantizado que las ayudas llegarán “exactamente igual” a los agricultores y ganaderos cuyas tierras hayan ardido, al considerarse fuerza mayor una vez declarada por las comunidades autónomas.
Planas recordó además que el seguro agrario —subvencionado en un 40 % por el Estado— cubre daños por incendios tanto en cultivos como en explotaciones forestales y ganaderas, y que el Ministerio ya ha abonado indemnizaciones por los siniestros ocurridos en julio.
No obstante, el debate va más allá de la emergencia actual. La propuesta de presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 incluye un recorte del 20 % en la PAC y la supresión de su carácter común, al integrarla en fondos estatales. Esto supondría la desaparición del segundo pilar (desarrollo rural) y dejaría en manos de cada Estado la decisión sobre cuánto destinar al campo.
Organizaciones agrarias como COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias alertan de un “desmantelamiento de la PAC” que pondría en riesgo la sostenibilidad del sector primario, el relevo generacional y la competitividad de explotaciones como la ganadería extensiva, el cereal o el tomate, que dependen de estas ayudas para ser viables.
La Coordinadora Ecologista de Asturias ha pedido además que se excluyan de la PAC los terrenos quemados para evitar que los incendios se conviertan en un beneficio económico, reclamando un endurecimiento de la Ley de Montes.
Mientras tanto, el sector financiero también se ha movilizado. Banco Santander ha anunciado líneas de liquidez inmediata y anticipos de las ayudas de la PAC y de seguros agrarios para los afectados por los incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura.
El futuro de la PAC, que desde hace seis décadas constituye uno de los pilares de la UE, está ahora en el centro de un debate europeo: mantenerla como política común o fragmentarla en 27 modelos nacionales, con el riesgo de desigualdades y pérdida de seguridad alimentaria.
¿Cómo solicitar las ayudas de la PAC tras un incendio?
1. Declaración de fuerza mayor
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La comunidad autónoma debe reconocer oficialmente que el incendio ha afectado a la explotación.
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Este reconocimiento permite que el agricultor o ganadero conserve sus ayudas aunque no pueda cumplir los requisitos habituales.
2. Documentación necesaria
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Solicitud PAC en el modelo normalizado (ya presentada en la campaña).
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Certificado de daños emitido por la comunidad autónoma o informe del seguro agrario.
3. Seguro agrario
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Cubre daños en cultivos, explotaciones forestales y ganaderas por incendios.
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Está subvencionado en un 40 % por el Estado.
4. Plazos
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La solicitud PAC se presenta cada año entre febrero y mayo.
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En caso de incendio, se activa la excepción de fuerza mayor y el afectado no pierde las ayudas, siempre que comunique los daños en tiempo y forma.
5. Anticipos financieros
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Entidades como Banco Santander ofrecen adelantos de las ayudas PAC y de indemnizaciones del seguro para garantizar liquidez inmediata.
