La Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE Madrid) ha valorado positivamente el retraso de la entrada en vigor del sistema de verificación de facturas Verifactu, aprobado este martes por el Gobierno, pero ha lanzado una advertencia clara: el constante vaivén normativo está generando un creciente clima de inseguridad jurídica que afecta directamente a pymes, emprendedores y autónomos.
El Ejecutivo ha decidido aplazar un año la implantación de las nuevas obligaciones del régimen Verifactu: hasta el 1 de enero de 2027 para empresas sujetas al impuesto de sociedades y hasta el 1 de julio de 2027 para autónomos y el resto de contribuyentes. Una medida que, según la asociación, “era imprescindible”.
La presidenta de AJE Madrid, Sandra Cerrada, celebró el cambio asegurando que “de lo contrario, muchas pequeñas empresas no habrían tenido tiempo real de adaptarse, lo que podría haberlas llevado a una situación límite”. Cerrada subrayó que los plazos anteriores generaban “incertidumbre” y podían “ahogar” a quienes sostienen buena parte de la actividad económica del país.
Un sistema útil… ¿pero limitado?
Pese al aplauso al aplazamiento, la asociación cuestionó la eficacia real del sistema. Cerrada planteó una duda de fondo:
“¿Será verdaderamente útil para luchar contra el fraude si no permite ver las facturas no emitidas?”.
El régimen Verifactu exige que empresas y autónomos adapten sus sistemas informáticos de facturación para generar un registro inviolable de cada factura, que no pueda modificarse ni eliminarse, y que sea accesible para la Agencia Tributaria. Para ello, deberán remitir los datos directamente al organismo o almacenarlos bajo estrictas condiciones de seguridad, lo que supone nuevas inversiones tecnológicas.
Pymes ante una carrera constante por adaptarse
Cerrada lamentó la creciente “inestabilidad regulatoria”, marcada por cambios continuos en plazos y obligaciones digitales que requieren software actualizado, formación, inversiones en ciberseguridad y modificaciones permanentes en los sistemas de gestión.
A su juicio, las administraciones están exigiendo adaptaciones rápidas sin criterios claros, para luego cambiar plazos o condiciones, lo que provoca incertidumbre y dificulta la planificación de las empresas más pequeñas, que “no disponen de los recursos de una gran corporación para absorber cada nueva obligación digital”.
Desde AJE Madrid piden que el Gobierno establezca calendarios razonables, estables y con previsión, que permitan una transición ordenada hacia un sistema que, bien implementado, podría mejorar la trazabilidad y reducir el fraude.
