Durante 2025, la Agencia Tributaria volvió a pulverizar registros históricos. La recaudación acumulada alcanzó los 301.355 millones de euros, un 10% más que el año anterior. El IRPF creció un 10,1%, el IVA un 9,3%, el impuesto sobre la electricidad un 47,9% y los tributos medioambientales se dispararon casi un 89%. Cifras que consolidan la idea de que el Estado obtiene cada vez más recursos de ciudadanos y empresas.
Sin embargo, al mismo tiempo se extiende una sensación social de doble vara de medir en el control fiscal. El economista José Ramón Riera lo resumía así recientemente: “España no es un país de impuestos bajos, es un país donde se recauda más sin que la gente gane más”.
Subidas por inflación y bases no deflactadas
Según distintos analistas, buena parte de este aumento no se explica por un mayor crecimiento económico, sino por un fenómeno técnico que pesa cada vez más sobre las rentas medias: la falta de actualización de los tramos del IRPF con la inflación. Como apunta Riera, “llevamos casi una década sin deflactar el impuesto, y eso supone una subida encubierta para todos los trabajadores”.
Con una inflación acumulada cercana al 25% desde 2015, cualquier mejora salarial sitúa a muchos contribuyentes en tramos más altos, aunque su poder adquisitivo apenas haya mejorado.
El ciudadano, bajo lupa constante
Autónomos y asalariados describen un escenario de control exhaustivo: recargos por retrasos mínimos, sanciones por errores de pocos euros e inspecciones frecuentes. El crecimiento del IVA, que ya supera los 94.000 millones de euros, refleja además cómo la inflación se traslada de forma automática a la caja pública cada vez que suben los precios de bienes básicos como la alimentación o la energía.
Mientras tanto, otros impuestos al consumo como el de la cerveza o el alcohol muestran crecimientos mucho más modestos, una señal que, según Riera, “evidencia que las familias recortan en ocio porque apenas llegan a fin de mes”.
Sospechas sobre trato desigual
En paralelo a este esfuerzo fiscal generalizado, en el debate público han aflorado informaciones y comentarios sobre supuestos patrimonios elevados, estilos de vida difíciles de cuadrar con ingresos oficiales o estructuras financieras complejas vinculadas a figuras políticas o a su entorno. Aunque se trata de acusaciones y percepciones, y no de sentencias judiciales firmes, alimentan la sensación de que no todos están sometidos al mismo nivel de escrutinio.
“La corrupción no solo indigna por lo que se roba, sino por la idea de que unos pasan el filtro de Hacienda y otros no”, señalan fuentes del ámbito tributario consultadas.
Confianza en mínimos
El problema, subrayan los expertos, no es solo la recaudación récord, sino el deterioro de la confianza. “Cuando el ciudadano percibe que paga más cada año y que los poderosos parecen intocables, el sistema deja de ser creíble”, advierte Riera.
La consecuencia es una fractura silenciosa: mientras el Estado recauda más que nunca, la sensación de desigualdad ante la ley fiscal se convierte en uno de los principales focos de malestar social.
