Un estudio publicado por Funcas bajo el título “La pobreza infantil en España: evolución reciente y políticas”, elaborado por los economistas Miguel Ángel Malo y Fernando Pinto, sitúa a España como el país con mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea, alcanzando el 29,2% de los menores, muy por encima del 19,3% de media comunitaria.
El informe alerta de una situación estructural y persistente que coloca a la infancia española entre las más vulnerables del continente, incluso a pesar del nivel medio de renta del país. La brecha generacional supera los 10 puntos porcentuales entre menores y adultos, lo que refleja que las políticas familiares y de apoyo a la infancia no están llegando a los hogares más necesitados.
Un problema enquistado: pobreza y exclusión social
Según el estudio, el riesgo de pobreza o exclusión social alcanza al 34,6% de los menores de 18 años, frente al 24,2% de media europea, consolidando una posición muy preocupante en el contexto comunitario.
La pobreza infantil no solo se asocia a la falta de ingresos, sino también a la carencia de vivienda asequible, precariedad laboral y bajos niveles educativos de los progenitores. En España, el sistema de impuestos y transferencias solo reduce la pobreza infantil en uno o dos puntos porcentuales, mientras que en países como Francia, Alemania o Suecia el impacto alcanza entre cuatro y ocho puntos.
Déficit estructural en vivienda y ayudas a las familias
El estudio destaca como factor clave el déficit de vivienda social, ya que solo un 2% de los hogares españoles tiene acceso a vivienda protegida o subvencionada, frente a entre el 15% y el 25% en el norte y centro de Europa. Esta carencia obliga a muchas familias con niños a destinar gran parte de sus ingresos al alquiler, agravando su vulnerabilidad económica.
Además, el informe señala la escasa cuantía y cobertura de las ayudas directas a la infancia, así como la falta de universalidad y enfoque redistributivo en las prestaciones.
Educación y empleo, factores decisivos
El nivel educativo de los progenitores es uno de los determinantes más relevantes, aunque en España no ofrece la misma protección que en otros países europeos. Incluso entre los hijos de padres con educación universitaria, la tasa de pobreza infantil alcanza el 18,9%, frente al 11% de media en la UE, lo que evidencia una baja movilidad social ascendente.
El mercado laboral actúa también como un factor estructural de riesgo. Los hogares donde ningún adulto trabaja presentan una probabilidad 34 puntos superior de caer en la pobreza, y la alta incidencia de contratos temporales, empleos a tiempo parcial involuntarios y salarios bajos contribuye a perpetuar la precariedad infantil.
Políticas insuficientes y falta de coordinación institucional
El informe advierte que la pobreza infantil no solo es un problema social, sino un fallo moral y político que lastra el futuro económico del país. Los autores reclaman una reforma integral de las políticas de infancia que combine educación, empleo estable, vivienda y conciliación familiar.
Entre las medidas recomendadas, destacan:
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Refuerzo de las políticas activas de empleo dirigidas a hogares sin trabajo.
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Ampliación de las prestaciones por hijo a cargo, con especial atención al Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI).
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Mejora del Ingreso Mínimo Vital (IMV), garantizando su coordinación con las comunidades autónomas.
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Impulso a la vivienda asequible mediante construcción pública, rehabilitación y colaboración público-privada.
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Apoyo específico a los hogares monoparentales, que sufren una penalización estructural y dificultades añadidas para conciliar.
Un reto moral, político y económico
Para los autores, romper el ciclo de pobreza infantil exige invertir mejor y no solo más. Advierten de que el crecimiento económico no puede ser sostenible si un cuarto de los niños vive por debajo del umbral de bienestar básico, y que la pobreza infantil es la antesala de la pobreza adulta, perpetuando un círculo de exclusión que compromete la cohesión social.
El estudio concluye que España necesita una estrategia nacional de infancia, sostenida en el tiempo, que priorice a los menores como pilar del desarrollo económico y social del país.
