España ha recibido un nuevo revés en los tribunales internacionales. El Tribunal Federal de Australia ha condenado al Estado español a abonar 469 millones de euros por los impagos relacionados con la política de renovables. Se trata del vigésimo sexto fallo en contra en arbitrajes internacionales, que elevan ya el coste acumulado para las arcas públicas a 1.870 millones de dólares.
El Gobierno intentó escudarse en la “inmunidad soberana”, pero la justicia australiana lo rechazó, lo que abre la puerta a embargos de activos españoles en el extranjero. Entre los bienes en riesgo se encuentran contratos de empresas públicas como Navantia e instalaciones industriales en países como Estados Unidos o Reino Unido.
El economista José Ramón Riera ha calificado la situación como insostenible: “Llevamos ya 26 sentencias en contra que suman casi 2.000 millones de euros y seguimos perdiendo una detrás de otra, sin parar, hasta que lleguemos aproximadamente a los 10.000 millones”.
Además, Riera advierte del riesgo real para compañías estratégicas: “Empezamos a correr riesgos de que empresas españolas con capital público como Navantia puedan ser embargadas en los países en los que están presentes”.
Según los expertos, cada sentencia perdida incrementa los intereses y las costas, lo que dispara aún más la factura. “Todo esto lo único que hace es encarecer el proceso. Los intereses van subiendo y van a llegar a cifras astronómicas”, alerta Riera, quien recuerda que 10.000 millones de euros equivaldrían “casi al pago de un mes de todas las pensiones en España”.
La cascada de condenas tiene su origen en las reformas energéticas impulsadas primero por José Luis Rodríguez Zapatero, después por Mariano Rajoy y, en la actualidad, por Pedro Sánchez. Estas medidas han derivado en demandas de fondos internacionales que invirtieron en renovables y que ahora reclaman indemnizaciones millonarias.
Mientras tanto, el Gobierno continúa contratando bufetes internacionales para defender sus posiciones, a pesar de que –según voces críticas– se trata de casos “indefendibles” que solo están generando mayores costes.
Para Riera, la solución pasa por la negociación: “En lugar de sentarnos a esperar a que nos condenen a pagar intereses y costas, deberíamos llegar a un acuerdo con las empresas a las que hemos perjudicado”.
Con cada derrota judicial, España ve erosionada no solo su credibilidad internacional, sino también su seguridad jurídica, un factor clave para la llegada de inversiones.
