El 2 de septiembre de 2025, el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas. La norma permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda autonómica, lo que supone un alivio equivalente al 24 % del pasivo de las comunidades de régimen común.
Se trata de la mayor operación de condonación de deuda autonómica en democracia. El Gobierno la presenta como una corrección del sobreendeudamiento generado durante la crisis financiera de 2008–2013, cuando el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se convirtió en el salvavidas de unas regiones sin acceso a los mercados.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la calificó de “medida inédita y excepcional” que busca dar oxígeno a las autonomías, mejorar su acceso al crédito y liberar recursos para sanidad, educación o servicios sociales.
Las cifras del reparto
La condonación beneficia a todas las comunidades de régimen común, aunque de forma desigual:
- Andalucía: 18.791 millones €.
- Cataluña: 17.104 millones €.
- Comunidad Valenciana: 11.210 millones €.
- Madrid: 8.644 millones €.
- Castilla-La Mancha: 6.061 millones €.
- Castilla y León: 4.877 millones €.
- Galicia: 4.468 millones €.
- Región de Murcia: 4.108 millones €.
- Resto de comunidades: cantidades menores, pero siempre con un mínimo del 19,3 % de su deuda condonada.
En términos de condonación por habitante, las diferencias son notables:
- Cataluña: 2.220 € por ciudadano.
- Valencia: 2.025 €.
- Andalucía y Madrid: alrededor de 1.369 €.
Cómo se calculó la condonación
El Ministerio de Hacienda defiende que el cálculo se basó en criterios técnicos comunes para todas las regiones:
- Identificación del sobreendeudamiento: se comparó el incremento de la deuda entre 2009 y 2013 (109.582 M€) con el aumento registrado entre 2019 y 2023 (29.272 M€).
- Reparto inicial: el 75 % del exceso detectado se distribuyó según la población ajustada media de 2010–2022.
- Garantía mínima: ninguna comunidad quedó por debajo del 19,3 % de condonación.
- Ajustes finales: se igualaron diferencias en ratios por habitante y se compensó a regiones que habían ejercido competencias normativas al alza en el IRPF.
El resultado situó a Madrid con un alivio del 24% de su deuda, por encima de la media nacional.
El caso de Madrid
Para la Comunidad de Madrid, la condonación de 8.644 millones representa un recorte del 24% de su deuda viva. En teoría, esto debería liberar recursos financieros para inversión en servicios públicos y reducir la presión de intereses.
Sin embargo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la medida al considerar que “premia a quienes se han endeudado más” y diluye los esfuerzos de comunidades que mantuvieron sus cuentas más equilibradas.
La paradoja madrileña es evidente: mientras la región se beneficia de una quita relevante, su gobierno autonómico rechaza políticamente la medida al interpretarla como parte de un pacto con Cataluña.
Las críticas: rescate político encubierto
La oposición y parte de la sociedad civil coinciden en un mensaje: la deuda no desaparece, se reparte entre todos los contribuyentes españoles.
- PP y Vox denuncian que la operación responde al pacto de Sánchez con ERC para garantizar la legislatura. “Un rescate a Cataluña pagado por todos”, repiten en sus intervenciones.
- Empresaris de Catalunya ha señalado que la medida no resuelve el problema de infrafinanciación ni fomenta la responsabilidad fiscal: “quien más gastó, más recibe”.
- Fundación FEDEA advierte que la operación beneficia a Cataluña y perjudica a regiones como Murcia o la Comunidad Valenciana, las más infrafinanciadas, y pide criterios correctores adicionales.
- Expertos en política fiscal señalan el riesgo de “moral hazard”: si las comunidades anticipan que el Estado cubrirá futuros excesos de gasto, podrían relajarse en su disciplina presupuestaria.
La defensa del Gobierno
El Ejecutivo insiste en que la condonación no es un favor a Cataluña, sino un mecanismo de justicia financiera. Montero subraya que “siete de cada diez euros condonados van a comunidades gobernadas por el PP” y recuerda que el reparto responde a criterios objetivos aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Además, insiste en que esta operación “no sustituye la reforma del sistema de financiación autonómica”, que seguirá siendo el gran reto pendiente para equilibrar los recursos entre territorios.
El trasfondo político
La medida se aprueba en un momento clave para el Gobierno de Sánchez, necesitado del apoyo parlamentario de ERC y Junts. Para la oposición, el vínculo es evidente: condonación a cambio de estabilidad.
La narrativa oficial, sin embargo, busca trasladar la idea de una operación técnica y neutral. El choque de relatos abre un nuevo frente en la política territorial española, con Madrid en el centro del debate tanto por lo que recibe como por lo que cuestiona.
¿Y ahora qué?
El proyecto deberá pasar por el Congreso de los Diputados, donde se prevé una dura negociación. Paralelamente, cada comunidad decidirá si se acoge al mecanismo, pues su aplicación es voluntaria.
La gran incógnita es si este alivio servirá para reforzar el Estado del Bienestar o si quedará como un parche coyuntural. Sin una reforma de financiación autonómica que redistribuya recursos de forma estable, los expertos alertan de que en pocos años podría reabrirse la misma herida.
El rescate de 83.000 millones de euros divide a España entre quienes lo consideran una medida técnica necesaria y quienes lo ven como una cesión política de alto coste.
Madrid, beneficiada con una condonación superior a la media, encarna la contradicción: recibe un alivio importante pero denuncia el proceso. El tiempo dirá si se trata de una operación de saneamiento financiero o de un capítulo más en la larga historia de cesiones políticas para mantener un gobierno en pie.
