La retirada progresiva del Banco Central Europeo (BCE) del mercado de deuda pública española ha dado un giro decisivo. A partir del segundo semestre de 2025, la institución monetaria dejará de reinvertir 40.000 millones de euros en bonos soberanos de España, lo que implica una pérdida directa de financiación para el Estado en un momento de creciente presión fiscal, militar y económica.
El BCE, que llegó a poseer más del 33% del total de la deuda pública española —con un pico de 420.000 millones de euros durante los años de estímulo pandémico— ha comunicado que acelerará su proceso de desinversión, reduciendo su exposición a unos 330.000 millones antes de que finalice el año. Este movimiento supondrá un desafío para el Tesoro español, que deberá salir al mercado en busca de nuevos compradores de deuda a tipos de interés mucho más elevados.
Fin de la era de deuda barata
Hasta ahora, los bonos en manos del BCE se refinanciaban con condiciones benignas. Sin embargo, los nuevos 40.000 millones que el Tesoro deberá colocar en el mercado serán suscritos con un tipo medio cercano al 3,3%, lo que representará un aumento notable del coste de financiación. Esta transición implicará, solo en este nuevo tramo, unos intereses anuales cercanos a 1.300 millones de euros adicionales, lo que tendrá efectos acumulativos en los próximos ejercicios presupuestarios.
Impacto sobre el presupuesto nacional
Según las previsiones, el Estado español deberá afrontar más de 45.000 millones de euros anuales en intereses de la deuda hasta 2027. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a casi el 70% del gasto público en educación o el 45% del presupuesto sanitario nacional. Con esta carga creciente, el margen fiscal del Gobierno se reduce drásticamente, especialmente ante las demandas de aumentar el gasto militar al 5% del PIB, en línea con los compromisos exigidos por la OTAN y Estados Unidos.
Escrivá y el Tesoro, bajo presión
El anuncio del BCE representa un revés directo para el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, exministro del Gobierno de Pedro Sánchez. Las gestiones realizadas desde Madrid para intentar frenar la retirada han sido desoídas por Frankfurt, que mantiene firme su hoja de ruta de reducción del balance y control de la masa monetaria, tras años de políticas ultraexpansivas.
Desde junio de 2022, el BCE ha reducido progresivamente sus activos comprados en programas como el APP y el PEPP. El paso más reciente —acelerar la no renovación de vencimientos— marca un punto de inflexión y obliga a los emisores públicos a adaptarse a un mercado más competitivo y menos subvencionado.
¿Quién comprará la deuda ahora?
La pregunta que se plantea en los círculos financieros es clara: ¿quién absorberá los 40.000 millones que deja libres el BCE? Las miradas se dirigen hacia los bancos nacionales, que podrían aumentar su exposición, aunque a cambio de mayores rendimientos. También los fondos de inversión internacionales y aseguradoras podrían interesarse, pero exigirán mayor rentabilidad y estabilidad institucional.
En cualquier caso, el giro del BCE obliga a un reequilibrio estructural del mercado de deuda soberana española. Este nuevo contexto también añade presión a la sostenibilidad fiscal del Estado, que deberá contener el gasto corriente o elevar la recaudación —vía impuestos o recortes— para compensar el nuevo coste de financiación.
