El Banco de España ha publicado su primer informe anual bajo la dirección de José Luis Escrivá, sin incluir un análisis detallado sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, un tema que ha sido tradicionalmente clave en sus evaluaciones económicas. Esta ausencia ha generado críticas por parte de analistas y observadores que consideran que el organismo ha optado por esquivar un debate incómodo en un contexto de creciente tensión fiscal.
La omisión no pasa desapercibida, especialmente teniendo en cuenta que Escrivá fue, hasta hace pocos meses, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable directo de las últimas reformas del sistema de pensiones. Expertos interpretan esta decisión como un intento de evitar una evaluación pública del impacto y viabilidad de los cambios impulsados durante su mandato, en un momento en que el gasto en pensiones representa ya más del 13% del PIB.
El informe, sin embargo, no escatima en advertencias sobre otros aspectos estructurales de la economía española. En particular, subraya el preocupante deterioro de la calidad institucional del país, señalando que España figura entre los Estados miembros de la Unión Europea que más han retrocedido en este ámbito durante el último año. Esta caída afecta la eficacia de las políticas públicas y genera incertidumbre entre los agentes económicos.
Además, el documento alerta de un crecimiento acelerado del gasto público y de la recaudación impositiva, que superan con creces la media europea. El gasto total del Estado ha pasado de 682.000 millones en 2023 a 722.000 millones de euros en 2024, lo que representa un incremento de 40.000 millones de euros en un solo ejercicio. Paralelamente, la recaudación por impuestos también ha crecido de forma notable: el IRPF aumentó más de un 9%, el IVA más de un 6% y las cotizaciones sociales un 7,7%. En conjunto, la Agencia Tributaria ha recaudado un 9,7% más que el año anterior.
Este auge en la presión fiscal ha coincidido con un desempeño desigual de los sectores económicos. Según datos oficiales, seis de los diez principales sectores han registrado caídas incluso en términos nominales, es decir, sin descontar el efecto de la inflación. Este estancamiento pone en cuestión la narrativa oficial sobre el dinamismo de la economía española y refleja un escenario de crecimiento poco equilibrado.
A pesar del crecimiento del PIB, estas cifras alimentan la preocupación por la sostenibilidad a largo plazo del modelo económico, especialmente si se mantiene una senda de gasto sin control y sin reformas estructurales. La ausencia de un análisis sobre las pensiones en este contexto ha sido interpretada como una renuncia del Banco de España a ejercer su tradicional papel de fiscalizador independiente de las cuentas públicas.
La publicación del informe ha reabierto el debate sobre la falta de transparencia en torno al futuro de las pensiones y la necesidad de abordar reformas que garanticen su viabilidad a medio y largo plazo. Organizaciones de expertos y analistas advierten que no abordar el problema supone hipotecar a las futuras generaciones y comprometer la estabilidad financiera del país.
En definitiva, el informe del Banco de España confirma el desequilibrio creciente en las finanzas públicas, el deterioro institucional y el desequilibrio sectorial, pero elude afrontar uno de los principales retos estructurales del país: el sistema de pensiones. Una omisión que no ha pasado desapercibida y que, según muchos expertos, merma la credibilidad y la autonomía del propio organismo supervisor.
