La Comunidad de Madrid presenta un déficit de 2.000 guardias civiles, una situación que preocupa especialmente en los pueblos de la sierra, donde los alcaldes aseguran que la falta de efectivos ha disparado los robos e incrementado la sensación de inseguridad. Según datos de los consistorios, los delitos han subido un 20% durante el verano, coincidiendo con el incremento de población en estas localidades.
El gobierno regional considera que esta situación es un nuevo ejemplo del “maltrato” del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los madrileños, y reclama refuerzos inmediatos. Los sindicatos de la Benemérita se suman a la petición, denunciando que los parches con agentes eventuales o en prácticas no cubren las necesidades reales.
Los casos concretos muestran el alcance del problema. En Navacerrada debería haber 17 guardias civiles, pero solo trabajan 6 para atender a 23.000 habitantes en verano. En El Boalo–Cerceda–Matalpino, con una población estival de 40.000 personas, apenas hay 2 agentes de servicio. En Colmenarejo, de los 60 guardias previstos, solo hay 45 en activo, obligando al ayuntamiento a contratar seguridad privada para cubrir fiestas patronales y piscinas.
Desde el sindicato Jucil advierten que “la Guardia Civil no da abasto” y que solo un tercio de las unidades están en tareas de prevención, es decir, en la calle. Reclaman un plan urgente de incorporación de efectivos para garantizar la seguridad ciudadana.
El Gobierno central, a través de la Delegación en Madrid, responde que en 2024 se alcanzó un “máximo histórico de agentes” entre Guardia Civil y Policía Nacional, y defiende que la tasa de efectivos por habitante es superior a la de años anteriores. Sin embargo, alcaldes y cargos del PP insisten en que esos números “no se notan en las calles ni en los servicios operativos”.
El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para exigir al Ejecutivo central que incremente y redistribuya los agentes de la Guardia Civil en la región. Reclaman al menos 1.000 efectivos adicionales, así como la recuperación de casas-cuartel en municipios donde estas instalaciones cerraron hace años.
Mientras tanto, los ayuntamientos se ven obligados a asumir competencias de seguridad que no les corresponden, recurriendo a sus policías locales o incluso a seguridad privada para cubrir servicios básicos.
