La Asamblea de Madrid ha aprobado este verano una nueva subida salarial del 0,5 % para sus diputados regionales, una decisión que se suma a los incrementos acordados en julio de 2024 (+2 %) y diciembre del mismo año (+6 %), lo que supone un alza acumulada del 8,5 % en apenas trece meses. La medida, aprobada por la Diputación Permanente de la Cámara, ha contado con el respaldo de PP y PSOE, mientras que Más Madrid y Vox votaron en contra.
Con esta nueva retribución, el salario base de los diputados asciende a 3.883,02 euros brutos mensuales, cifra que puede superar los 5.900 euros brutos al mes en los casos en los que se sumen los complementos de portavocías, comisiones o presidencias de órganos. En detalle, presidir la Asamblea conlleva un plus de 2.354,72 euros, ser portavoz de un grupo 2.023,65, vicepresidencias 1.835,73, secretarías 1.615,45, portavocías de comisión 938,73, presidencia de comisión 750,99 y vicepresidencia o secretaría en comisión 563,23 euros.
Los defensores de la medida, desde PP y PSOE, sostuvieron en reuniones internas que el aumento responde a la necesidad de “dignificar la política” y equiparar las retribuciones de la Asamblea con las de otras cámaras autonómicas o el Congreso, donde los diputados perciben un 16 % más en salario base y hasta un 42 % más incluyendo complementos.
Sin embargo, la oposición ha mostrado un rechazo frontal. Desde Más Madrid criticaron que “no se puede dignificar la política empezando por subirse el sueldo mientras la ciudadanía tiene dificultades para pagar vivienda o llenar la cesta de la compra”. En la misma línea, Vox denunció que PP y PSOE “quieren igualar a los diputados madrileños con los de otros parlamentos, ignorando el contexto económico de los ciudadanos”.
El Ministerio de Hacienda ha confirmado que estas subidas no son obligatorias, a pesar de estar amparadas por la normativa estatal que autoriza un incremento del 0,5 % para los empleados públicos. Las cámaras autonómicas son libres de aplicarlas o no, lo que ha reabierto el debate sobre la oportunidad política de la decisión.
Un hecho llamativo es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por no aplicarse la subida salarial, manteniendo su retribución anual en 103.090,32 euros, la misma que percibe desde 2019, en lo que ha sido interpretado como un gesto de contención del gasto público.
Este tercer aumento en poco más de un año refuerza la brecha entre las percepciones ciudadanas y las decisiones parlamentarias. Mientras los defensores lo enmarcan en un esfuerzo por “dignificar la política”, la oposición y parte de la opinión pública lo ven como un síntoma de desconexión de la clase política respecto a la realidad económica de los madrileños.
