La cuestión sobre la posible retirada del título de Hijo Predilecto de Madrid concedido a Julio Iglesias volvió a ser objeto de debate en el Pleno de Cibeles, tras la petición formal de Más Madrid apoyada por parte del PSOE. La iniciativa llegó en medio de una fuerte polémica pública tras la publicación de acusaciones de agresión sexual formuladas por exempleadas del cantante en el contexto de una investigación periodística.
Sin embargo, el equipo de Gobierno municipal del Partido Popular, encabezado por el alcalde José Luis Martínez‑Almeida, dejó claro que no retirará la distinción. El regidor defendió su postura apelando a la presunción de inocencia y rechazó la idea de que el Ayuntamiento participara en lo que calificó de “cacería política” contra el artista, expresando su rechazo a lo que consideró un intento de “manchar el nombre de Julio Iglesias”.
Martínez‑Almeida aseguró que la propuesta no obtendría el respaldo necesario en la votación y criticó duramente a los grupos proponentes, acusándolos de utilizar el debate como una herramienta política más que como una respuesta a una cuestión judicial resuelta en parte por la Fiscalía. En este marco, el Gobierno municipal manifestó su intención de mantener el reconocimiento otorgado al cantante en el 2015 y defendió el valor cultural de la figura de Julio Iglesias en Madrid.
Las demandas de revocación habían surgido tras la publicación de testimonios de exempleadas que detallaban supuestas agresiones sexuales durante su periodo de trabajo en residencias del artista en el Caribe, lo que provocó un aluvión de reacciones políticas tanto a favor como en contra de la medida. Aunque parte de estas diligencias fueron archivadas por la Fiscalía por falta de competencia territorial para investigar hechos acaecidos fuera de España, la polémica se trasladó al ámbito local.
La revocación de un reconocimiento como el de Hijo Predilecto figura en el reglamento de distinciones como posible cuando concurren actos o manifestaciones contrarias a los motivos que justificaron su otorgamiento, pero el rechazo del Ayuntamiento evidencia el peso político que el caso ha adquirido y la divergencia de criterios entre las fuerzas políticas representadas en el Consistorio.
