La tensión entre los vecinos del Parque de las Avenidas y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) va en aumento ante la inminente apertura de un hostel en el número 9 de la avenida Baviera, en Madrid. Lo que oficialmente será un albergue turístico, podría convertirse en un centro de alojamiento temporal para inmigrantes, según ha reconocido la propia organización humanitaria en un comunicado reciente, lo que ha desatado la oposición frontal de la comunidad vecinal.
La situación enfrenta a tres actores principales: la empresa promotora Velvet —una cadena de hostales propiedad del empresario Mohamed Zakaria—, la organización CEAR, que plantea derivar a refugiados al inmueble, y el Ayuntamiento de Madrid, que ya ha advertido de que revocará la licencia si se detecta un uso distinto al turístico. El Consistorio ha remitido una carta formal a la organización reiterando que no está permitido ningún tipo de actividad sanitaria, asistencial o educativa en el espacio.
Según los residentes, el inmueble no cumple con los requisitos básicos de seguridad ni habitabilidad. Las salidas de emergencia no conducen a la vía pública, sino a espacios privados de la comunidad, lo que viola la normativa urbanística vigente. Además, se denuncia que los vecinos no han sido informados ni consultados, a pesar de que el edificio se sitúa en pleno núcleo residencial.
El malestar se agrava al conocer la experiencia previa de barrios como Vallecas o Villaverde, donde otros hostels gestionados por la misma empresa ya acogen a inmigrantes bajo acuerdos similares con CEAR. Aunque la organización insiste en que no se trata de centros de acogida, sino de “alojamientos provisionales” de entre una y ocho semanas para solicitantes de asilo en fase inicial, los vecinos temen que la situación se cronifique.
“No puede ser que se disfrace de alojamiento turístico algo que se va a utilizar con otro fin. Lo que están haciendo es buscar un vacío legal”, apuntan los representantes vecinales, quienes ya han presentado una denuncia formal ante el Ayuntamiento y aseguran estar dispuestos a iniciar nuevas movilizaciones si el proyecto sigue adelante.
En una reciente reunión, CEAR reconoció haber visitado el local y confirmó que ha recibido una propuesta del promotor para utilizar el espacio, aunque insiste en que no se prestarán servicios sociales o asistenciales in situ, lo que legalmente lo eximiría de ciertas exigencias.
No obstante, desde el entorno jurídico se cuestiona esta interpretación. La línea que separa un centro de acogida oficial del alojamiento provisional es difusa, pero legalmente significativa. Los primeros están regulados por el sistema estatal de asilo y requieren autorización ministerial; los segundos, como explican desde CEAR, no forman parte de este sistema y se limitan a ofrecer hospedaje, lo que según CEAR justifica su actuación.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido tajante: “No se va a permitir un uso distinto al turístico. Si se incumple, actuaremos”. Desde Vox, el portavoz Javier Ortega Smith ha denunciado que en hostels como el de Vallecas ya se alojan exclusivamente inmigrantes y acusa a Ayuntamiento y Comunidad de Madrid de financiar indirectamente este tipo de prácticas a través de subvenciones a CEAR.
Mientras tanto, las obras continúan a buen ritmo y los vecinos se mantienen en alerta. “Nos están engañando”, aseguran. A su juicio, no se trata solo de una cuestión de uso urbanístico, sino de falta de transparencia y seguridad, tanto jurídica como vecinal.
El futuro del proyecto dependerá de si se demuestra o no un uso irregular del espacio y de la voluntad del Ayuntamiento de fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de la licencia concedida. Pero, por ahora, el conflicto está lejos de resolverse.
