La tensión continúa aumentando en Alcalá de Henares tras la presunta violación de una joven, el pasado lunes, por parte de un inmigrante originario de Malí alojado en el centro de acogida de inmigrantes de la ciudad. Este domingo, se ha producido una nueva concentración vecinal, la tercera en lo que va de semana, para reclamar el cierre de las instalaciones. El edificio permanece custodiado por agentes de la Policía Nacional desde que comenzaron las protestas.
Durante la concentración, los vecinos asistentes han expresado su malestar por la inseguridad que, aseguran, ha crecido desde la apertura del centro hace dos años. Aunque algunos manifestantes negaron tener actitudes racistas, las paredes del centro han amanecido con pintadas xenófobas, realizadas tras una protesta no autorizada celebrada el viernes por la noche. En esa ocasión, se saldó con un agente herido y un detenido.
La polémica ha trascendido el ámbito local tras la visita a la zona del líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha aprovechado la situación para criticar las políticas migratorias tanto del Gobierno central como de anteriores ejecutivos. Abascal ha acusado al bipartidismo (PSOE y PP) de haber impulsado una “inmigración masiva”, que según sus palabras, “está destruyendo la economía del país”.
El líder de Vox ha declarado que estas políticas están obligando a los ciudadanos españoles a “mantener con sus impuestos a quienes violan a sus hijas y a los políticos que los traen”. Además, ha denunciado que la gestión de los menores extranjeros no acompañados (MENAs) por parte del Estado ha generado un “efecto llamada” que permite que “cualquiera entre en España sin respetar la ley ni aportar al sistema”.
Desde las administraciones regionales y municipales aún no se han producido declaraciones oficiales en respuesta al aumento de las protestas, aunque fuentes policiales aseguran que se mantendrá la vigilancia en el entorno del centro mientras persista la tensión social.
El incidente ha reabierto el debate político y social sobre la acogida de inmigrantes, el sistema de protección internacional, y la gestión de centros de acogida en zonas urbanas, especialmente tras episodios delictivos que inflaman el discurso público. Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado sobre el incremento de discursos de odio y han reclamado una respuesta institucional firme para proteger tanto a las víctimas como a las personas migrantes inocentes de una posible criminalización generalizada.
El caso continúa bajo investigación judicial, y el presunto agresor se encuentra detenido y a disposición de la autoridad competente. En paralelo, crece la preocupación por el aumento de la polarización vecinal y política en torno al centro de acogida de Alcalá.
