El Tribunal Supremo interrogará este lunes a Antxón Alonso, administrador de la empresa Servinabar, en el marco de la investigación judicial que involucra al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su presunta participación en una trama de corrupción ligada a comisiones ilegales y tráfico de influencias para la adjudicación de contratos públicos.
Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Alonso aparece como una figura central en la supuesta red delictiva, actuando como “engrasador” de un sistema de pagos opacos, colocación de personas afines al PSOE en la constructora y presunto canalizador de dinero negro a altos cargos.
Un contrato no inscrito y bolsas con dinero
Uno de los indicios más relevantes es un contrato privado de compraventa hallado durante un registro en el domicilio de Alonso, que acredita que Cerdán habría adquirido el 45% de Servinabar por una cantidad simbólica de 6.000 euros. Este documento no fue elevado a escritura pública ni inscrito oficialmente, lo que, según la UCO, podría tratarse de una maniobra para ocultar su vinculación real con la empresa adjudicataria de contratos públicos.
Durante el mismo registro, los agentes encontraron bolsas con dinero en efectivo, incluyendo billetes de 500 euros, que habrían sido utilizados para supuestos pagos ilícitos.
El exlíder socialista sostiene que la operación nunca llegó a ejecutarse, pero la Guardia Civil mantiene que existen indicios sólidos de que actuó como socio oculto, utilizando su influencia para favorecer adjudicaciones a Servinabar, especialmente en Navarra y otras comunidades.
Intermediario con el nacionalismo vasco
La relación entre Alonso y Cerdán trascendía lo empresarial. Según fuentes judiciales y declaraciones ya incorporadas a la causa, el administrador de Servinabar habría servido de intermediario político entre el PSOE y formaciones nacionalistas como EH Bildu y el PNV. Incluso el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, reconoció que fue Alonso quien le presentó a Cerdán en el marco de conversaciones políticas previas a acuerdos parlamentarios clave.
Cargos e implicaciones
El juez Leopoldo Puente, que instruye la causa en el Supremo, investiga presuntos delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. La declaración de Alonso se produce en un contexto especialmente tenso para el PSOE, con Cerdán ya ingresado en prisión provisional, tras haberse retirado de la política activa.
También declarará este lunes Fernando Agustín Merino, exdelegado de Acciona en Navarra y La Rioja, quien figura como imputado por su posible implicación en la misma trama, en la que Servinabar habría participado en UTE con Acciona para lograr obras públicas.
Ambos deberán aclarar ante el alto tribunal si hubo pagos de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones, así como su posible participación en una red estructurada de favores y tráfico de influencias que salpica a exresponsables del PSOE.
Nuevas líneas de investigación
El juez ha pedido a la UCO más información sobre los movimientos financieros de los empresarios implicados y sus sociedades. La investigación intenta determinar si existieron cuentas opacas o estructuras societarias diseñadas para canalizar los pagos fuera del circuito legal.
La declaración de Alonso puede ser clave para delimitar el grado de implicación personal y política de Santos Cerdán en esta supuesta red de corrupción, y determinar si utilizó su cargo en el PSOE para beneficiar intereses empresariales privados.
El caso sigue escalando en trascendencia política y judicial, con consecuencias potenciales para la cúpula socialista y un impacto directo sobre la credibilidad institucional, en un contexto en el que la regeneración y la transparencia vuelven a situarse en el centro del debate público.
