En el Congreso de los Diputados está en marcha una de las batallas legales más silenciosas —y más trascendentales— para miles de profesionales en España. Se trata de la Proposición de Ley registrada por el PSOE para dar respuesta a los problemas de los llamados mutualistas alternativos: abogados, arquitectos, procuradores y otros profesionales que, durante años, han cotizado religiosamente a sus mutualidades pero que hoy descubren que su pensión apenas alcanzará para sobrevivir.
Pero lo que iba a ser una solución se ha convertido en un nuevo frente de protesta. Porque, según denuncian colectivos de afectados, la iniciativa socialista está llena de lagunas que dejarían a miles de mutualistas fuera de cualquier protección efectiva. Y lo que es peor: perpetuaría la desigualdad entre estos profesionales y el resto de trabajadores autónomos o del régimen general.
Qué pretende la Proposición de Ley del PSOE
El texto registrado en el Congreso en abril de 2024 —al que ha tenido acceso El Diario de Madrid— busca “articular mecanismos para la integración en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de los profesionales sujetos a mutualidades alternativas”.
En términos generales, propone:
- Permitir que los mutualistas utilicen el capital acumulado en sus cuentas individuales en las mutualidades para “comprar” años de cotización en el RETA.
- Establecer un plazo para que los interesados soliciten su integración.
- Reconocer parte del tiempo cotizado, siempre que se acredite el ejercicio efectivo de la profesión.
- Regular de forma específica los efectos fiscales de estas aportaciones.
Sobre el papel, el objetivo parece razonable: que los mutualistas puedan acercarse a la protección del sistema público. Sin embargo, los detalles técnicos han levantado una oleada de críticas.
Una integración que no es real
El principal reproche que lanzan las plataformas de afectados —como Pasarela al RETA o colectivos de arquitectos y procuradores— es que la ley del PSOE no plantea que los mutualistas “compren” sus cotizaciones pasadas.
Esto significa que, para poder generar derechos a una pensión pública, los profesionales tendrían que pagar de nuevo con sus ahorros en la mutualidad. Pero esos fondos no siempre son suficientes. Muchos mutualistas tienen cuentas individuales con apenas 15.000 o 20.000 euros, una cifra ridícula si se pretende cubrir lagunas de cotización de décadas enteras.
Además, el mecanismo no reconoce el tiempo trabajado antes de 1995, a pesar de que fue un periodo durante el cual los profesionales estaban obligados a cotizar a las mutualidades porque no se les permitía acceder al RETA. En otros sectores, cuando se procedió a la integración, el Estado reconoció la antigüedad y los derechos generados por años cotizados. Aquí, en cambio, se exige un pago adicional para lo que ya había sido cotizado.
Los grandes excluidos: jubilados y viudas
Otra de las grietas más graves es la situación de los ya jubilados y de las viudas o familiares de mutualistas fallecidos. Según el borrador conocido por este diario, la proposición de ley no contempla ninguna medida específica para quienes ya han alcanzado la jubilación.
Eso significa que miles de profesionales, que hoy sobreviven con pensiones mínimas de 300 o 400 euros procedentes de sus mutualidades, quedarían fuera de cualquier mejora. Y lo mismo ocurriría con viudas, huérfanos o personas dependientes que reciben prestaciones de las mutualidades, muchas de ellas también ridículas en cuantía.
Juristas especializados en Seguridad Social consultados por El Diario de Madrid advierten de que esto supondría una vulneración del principio de igualdad y del derecho a una protección social mínima garantizada en la Constitución Española (artículo 41).
Además, colectivos como Pasarela al RETA recuerdan que el problema no solo afecta a las futuras pensiones, sino a miles de personas que ya están en situación de pobreza tras toda una vida trabajando y cotizando.
Diferencias con otras integraciones
La propuesta del PSOE contrasta de manera llamativa con procesos similares que ya se han llevado a cabo en España en décadas pasadas. Así sucedió, por ejemplo, con:
- Mutualidades mineras.
- Mutualidades del metal.
- Banca y grandes empresas.
En todos esos casos, el Estado articuló procesos de integración voluntaria en los que se reconocieron los periodos cotizados en las mutualidades y se permitía sumar esos años a efectos de jubilación sin exigir pagos adicionales. El Tesoro Público asumía la parte de coste necesaria para garantizar el equilibrio financiero.
Según documentos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social, el criterio fundamental era siempre el mismo: no dejar a nadie abandonado, y garantizar que quien había cotizado toda su vida pudiera acceder a las prestaciones mínimas del sistema público.
Sin embargo, en el caso de las profesiones liberales, el Estado parece dispuesto a exigirles una doble cotización, algo sin precedentes en otras integraciones.
La falsa idea del privilegio
Otra idea que ha calado en parte de la opinión pública —y que también está implícita en la Proposición de Ley— es que los mutualistas son “profesionales privilegiados”, con rentas altas y capacidad de ahorrar grandes capitales para su jubilación.
Pero las cifras demuestran que eso es un mito. Según datos del Consejo General de la Abogacía Española, el 80 % de los despachos en España están formados por uno o dos profesionales. Son autónomos o pequeños profesionales, muchos con ingresos modestos que, tras décadas de cotización, apenas han acumulado capital suficiente en la mutualidad para garantizarse una pensión digna.
Además, hasta 2012, los mutualistas alternativos ni siquiera tenían derecho a sanidad pública, algo que duplicaba sus gastos en seguros privados y cuotas. Muchos se endeudaron pensando que al final de su vida laboral tendrían una pensión equivalente a la del RETA. Ahora, para poder acceder a ella, el Estado les pide que la compren con sus propios ahorros.
El coste para el sistema público
Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno es el supuesto alto coste que tendría la integración plena de estos profesionales en el RETA. Pero los cálculos de plataformas profesionales, contrastados por este diario con economistas independientes, rebajan considerablemente ese temor.
- Según Pasarela al RETA, si los mutualistas se integraran en el RETA, la Seguridad Social recibiría un flujo de cotizaciones netas superiores a 150 millones de euros anuales, porque muchos de estos profesionales tienen bases de cotización altas.
- Además, quienes ya están jubilados no generarían nuevas obligaciones de cotización, solo percibirían pensiones mínimas garantizadas, como ocurre con otros jubilados que tienen carencias de cotización.
- El número total de afectados, alrededor de 65.000 profesionales, es pequeño comparado con los más de 3 millones de autónomos actuales en el RETA.
En definitiva, el impacto presupuestario sería manejable y proporcional, muy lejos de los desastres financieros que se sugieren en algunos discursos políticos.
El tiempo corre en contra
Mientras el Congreso debate enmiendas y propuestas, cada mes nuevos profesionales alcanzan la edad de jubilación y descubren que su pensión será insuficiente para vivir.
En el horizonte asoma una manifestación en Madrid el próximo 27 de septiembre, convocada por plataformas de afectados, que quieren visibilizar que no se trata de privilegios, sino de derechos básicos reconocidos por la Constitución.
La Proposición de Ley del PSOE podría ser una oportunidad histórica para reparar una injusticia larvada durante décadas. Pero tal como está planteada, sus lagunas amenazan con dejar fuera a miles de personas que han trabajado y cotizado toda su vida. Y convertir en papel mojado el principio más elemental de cualquier Estado social: que nadie quede atrás.
