A partir del 1 de julio, la Comunidad de Madrid pondrá en funcionamiento 14 Tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial, y 126 Oficinas de Justicia en el Municipio, como parte de la primera fase de la ambiciosa Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por las Cortes Generales el pasado enero. Esta transformación marca el inicio de la mayor reforma judicial en décadas, con un impacto directo en la agilidad, proximidad y eficiencia del servicio judicial en toda España.
A nivel nacional, entrarán en funcionamiento 315 Tribunales de Instancia, de los cuales 236 corresponden a comunidades autónomas con competencias transferidas, como Madrid, y 79 al territorio gestionado directamente por el Ministerio. La hoja de ruta prevé alcanzar un total de 431 tribunales a finales de 2025, distribuidos en tres fases.
Una nueva estructura para una Justicia más ágil y eficiente
La reforma sustituye 3.900 juzgados unipersonales por un modelo de 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. Esta nueva configuración permitirá mejorar la gestión de recursos humanos, responder con mayor eficacia al incremento de carga de trabajo y reducir drásticamente los costes por plaza judicial: de 400.000 euros a 86.000 euros por cada nueva incorporación.
Según el Ministerio de Justicia, las comunidades con competencias judiciales podrían ahorrar hasta 290 millones de euros en los próximos diez años. La transformación está financiada, en parte, con 325 millones de euros procedentes de fondos europeos, además de 25 millones destinados a soluciones tecnológicas que facilitarán la transición a un modelo más digital, descentralizado y próximo al ciudadano.
Oficinas de Justicia en el Municipio: justicia más accesible y cercana
En paralelo, se habilitan desde este 1 de julio un total de 4.818 Oficinas de Justicia en el Municipio en todo el territorio nacional, 126 de ellas en la Comunidad de Madrid. Estas oficinas permitirán realizar trámites judiciales sin necesidad de desplazarse a la sede del juzgado, como la presentación de escritos, videoconferencias con jueces o atención a víctimas, incluso en municipios que carecen de instalaciones judiciales.
El modelo se inspira en la experiencia piloto de Badajoz, donde la implantación de esta Oficina Judicial redujo un 40% los asuntos pendientes y aumentó un 70% la ejecución de resoluciones.
Refuerzo en violencia de género y especialización judicial
Como parte del plan de reforma, el Ministerio ha aprobado la creación de 50 plazas de jueces y 42 de fiscales especializados en violencia sobre la mujer, que se integrarán en los nuevos Tribunales de Instancia para asumir desde octubre todos los delitos de violencia sexual, en cumplimiento del Convenio de Estambul. Además, se habilitan tres secciones especializadas en violencia sobre la infancia y adolescencia en Madrid, Barcelona y Málaga.
