Uno de cada dos colegios públicos de Madrid con más de 30 años de antigüedad ha recibido una Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable, según ha denunciado el Grupo Municipal Socialista. La situación, según datos revelados por la concejala María Caso, afecta a miles de alumnos y docentes, especialmente en los distritos de Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas y Usera, donde se concentran más de 23.000 escolares en centros que no cumplen las condiciones mínimas de seguridad.
El principal foco de la denuncia está en la antigüedad y abandono de los informes técnicos, muchos de ellos con hasta siete años sin actualización ni cumplimiento de órdenes de ejecución. “Cuando una ITE es desfavorable significa que hay deficiencias graves. Puede haber goteras, aulas inundadas o incluso clases clausuradas por riesgo de derrumbe”, ha alertado Caso en rueda de prensa.
La edil ha acusado tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid de “dejación de funciones” y de ignorar durante años las advertencias técnicas que exigían intervenciones urgentes en los edificios escolares. Además, ha anunciado que el PSOE solicitará la comparecencia de la vicealcaldesa, Inma Sanz, para aclarar qué medidas se están aplicando desde los distritos y qué sanciones han sido impuestas —o ignoradas— por parte del Consistorio.
Desde el PSOE también han avanzado que acudirán al Defensor del Pueblo y no descartan emprender acciones judiciales. “Estamos calculando cuántas sanciones no se han aplicado y lo vamos a denunciar. El Gobierno municipal mira hacia otro lado mientras la Comunidad de Madrid no ejecuta ni invierte”, ha afirmado Caso.
La denuncia socialista ha recibido el respaldo de los sindicatos educativos CCOO y UGT, que han advertido del impacto laboral que suponen estas condiciones. Aida San Millán, de CCOO, ha recordado que muchos equipos directivos ni siquiera tienen acceso a los informes de ITE de sus centros. “Estamos expuestos a riesgos reales en nuestros puestos de trabajo, y además lo hacemos en la comunidad donde menos se cobra, más alumnado hay por aula y más horas lectivas se imparten”, ha señalado.
Teresa Juzgado, de UGT Madrid, ha puesto el foco en la infrafinanciación crónica de la red educativa pública y ha alertado de posibles consecuencias legales. “Si ocurre un accidente por no haber subsanado deficiencias conocidas, podría haber responsabilidades penales”, ha advertido.
Por su parte, el diputado socialista Esteban Álvarez ha recordado que el presupuesto educativo actual en la Comunidad de Madrid es inferior al de 2009, lo que refleja —según sus palabras— el abandono sistemático de la escuela pública y la preferencia institucional por modelos educativos privados. “Esto no es un problema puntual, es un síntoma estructural de una política que prima el negocio sobre la calidad educativa”, ha denunciado.
En respuesta a la gravedad de los datos, el PSOE ha anunciado una ronda de reuniones con colectivos educativos, entre ellos la FAPA Giner de los Ríos, para movilizar a la ciudadanía y visibilizar el estado crítico de las infraestructuras escolares madrileñas. “Vamos a llegar hasta el final, incluida la vía judicial si es necesario”, ha zanjado María Caso.
La situación expuesta no solo compromete la seguridad y el bienestar de los alumnos y trabajadores, sino que pone en entredicho el compromiso institucional con el mantenimiento y dignidad de la educación pública en la capital.
