La competitividad del motor económico español se encuentra bajo amenaza fiscal. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha advertido con firmeza de que elevar el tipo del IVA turístico al 21% en España supondría "un error de política económica" de consecuencias imprevisibles. A través de su reciente informe económico, el organismo responde con contundencia a la propuesta de la Comisión Europea de suprimir el tramo reducido que actualmente beneficia a la hostelería y los hoteles para equipararlo de golpe al tipo general.
El estudio pone sobre la mesa el peso crucial del sector en el tejido productivo nacional, recordando que representa el 12,6% del PIB español y sostiene de forma directa a casi 2,8 millones de trabajadores. Además, la actividad turística se consagra como el principal exportador de servicios de España, habiendo registrado un saldo histórico de 68.400 millones de euros. En términos macroeconómicos, el IEE argumenta que el IVA aplicado a los visitantes extranjeros funciona como el gravamen de una exportación. Por lo tanto, obligar a encarecer los precios mediante impuestos indirectos equivaldría a aplicar un arancel a las ventas al exterior, restando competitividad internacional a España.
Sensibilidad al precio y los precedentes fallidos de Portugal e Irlanda
El principal factor de vulnerabilidad radica en la alta sensibilidad de la demanda al precio. De materializarse el incremento fiscal, los analistas alertan de un desplazamiento masivo de visitantes hacia los principales competidores del entorno, tales como Grecia, Italia, Croacia, Turquía o el norte de África. Al operar con márgenes de beneficio estructuralmente estrechos, las empresas del sector se verían incapaces de absorber un impacto impositivo de 11 puntos porcentuales de diferencia sin acometer una subida de precios, lo que abocaría al cierre de establecimientos y a una intensa destrucción de empleo.
Para dotar de rigor su advertencia, el IEE señala los sonados precedentes históricos de fracaso fiscal. El informe recuerda el caso de Portugal, que en el año 2012 elevó el IVA de la restauración del 13% al 23%, provocando la quiebra en cadena de miles de negocios y un paradójico descenso de la recaudación fiscal neta, lo que obligó a revertir la medida. Un patrón de rectificación idéntico al que se vieron abocados en Irlanda.
En la dirección opuesta, el documento resalta la estrategia de Alemania, que ha decidido blindar su tejido empresarial rebajando el IVA de la restauración hasta el 7% desde enero de 2026, demostrando que penalizar una actividad tan intensiva en mano de obra conlleva graves costes laborales indirectos.
