El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha destapado un grave fraude relacionado con el uso ilegal del agua en una urbanización de Villanueva de la Cañada, en el que están implicados tres expresidentes de la comunidad de vecinos.
Los investigados habrían estado extrayendo agua de forma descontrolada e irregular desde al menos 2006, utilizando un pozo ilegal y manipulando un sondeo autorizado con un sistema de recirculación que alteraba la facturación del agua. Las autoridades han imputado a los responsables los delitos de usurpación del dominio público hidráulico, estafa y violación de la normativa ambiental.
#OperacionesGC | Investigado el uso de varios pozos ilegales y daños contra el #MedioAmbiente en una comunidad de vecinos de Villanueva de la Cañada #Madrid.
— Guardia Civil (@guardiacivil) January 30, 2025
▶️ La cantidad anual extraída asciende a 85.000 m3, equivalente al llenado de 34 piscinas olímpicas/año
▶️ El daño medio… pic.twitter.com/p92e1SlKna
Un fraude millonario con graves consecuencias ambientales
La investigación, llevada a cabo en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), ha revelado que la defraudación anual asciende a 160.000 euros, con una extracción irregular de 85.000 metros cúbicos de agua al año, equivalente al llenado de 34 piscinas olímpicas.
El agua extraída habría sido utilizada para regar jardines y llenar piscinas privadas de la urbanización, provocando un grave impacto en los recursos hídricos de la zona. Por este motivo, la Unidad Central del Medio Ambiente del Seprona ha elaborado un informe técnico que estima los daños en más de 1,5 millones de euros.
Control y vigilancia para proteger los recursos hídricos
La Guardia Civil, a través del Seprona, se encarga de garantizar el cumplimiento de las normativas medioambientales, incluyendo la protección de los espacios naturales y la conservación del agua.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y control de las captaciones de agua ilegales, que contribuyen a la sobreexplotación de acuíferos y reducen la disponibilidad del recurso para la comunidad. Las autoridades continúan con la investigación para determinar el grado de responsabilidad de los implicados y evaluar posibles sanciones adicionales.
