La Guardia Civil ha detenido a una persona y ha investigado a otra por caza furtiva en el Monte de El Pardo, tras intervenirles una cabeza de ciervo, dos cabezas de gamo y una pala de gamo, piezas valoradas en más de 8.000 euros. La actuación se produjo después de que los guardas rurales del monte escucharan cinco disparos durante la noche, lo que permitió localizar a tres individuos que habían accedido ilegalmente al coto privado tras saltar el vallado perimetral.
Equipados con silenciador, visor nocturno y visor térmico, los presuntos furtivos trataban de evitar cualquier detección. Uno de ellos fue interceptado por los guardas hasta la llegada de agentes del Puesto Principal de Las Rozas. Los otros dos lograron huir en la oscuridad.
En la mochila del detenido, los agentes hallaron un hacha, un pasamontañas, herramientas para la caza y las piezas decapitadas. Tras una inspección ocular realizada por agentes del Seprona en varias zonas del monte, se localizaron tres ejemplares abatidos y decapitados —un ciervo y dos gamos—, lo que confirmó la actividad furtiva. Para reforzar la investigación, se tomaron muestras de ADN de los cadáveres y de las cabezas intervenidas con el fin de comprobar su correspondencia.
La Guardia Civil ha identificado además a otro de los presuntos implicados, que se encuentra investigado. Tanto él como el detenido acumulan antecedentes y diversas infracciones previas relacionadas con la Ley de Caza.
Cinco investigados en Getafe y Torrejón por cazar liebres sin licencia
De forma paralela, agentes del Seprona han investigado a cinco personas en cotos de Getafe y Torrejón de Ardoz por la caza ilegal de liebres. Según la Guardia Civil, los implicados realizaban la actividad sin licencia, sin permiso del titular del coto y en un día no hábil para la práctica cinegética.
En el caso de Getafe, además, los investigados portaban un galgo con un señalamiento en vigor por hurto, ya que el animal había sido sustraído previamente a su propietario.
La Comandancia de Madrid recuerda que la caza furtiva supone un grave riesgo para la fauna protegida, altera el equilibrio del ecosistema y constituye un delito contra la flora y fauna tipificado en el Código Penal.
