En una muestra de unidad sin precedentes, los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han acordado intensificar su presión sobre el Gobierno para lograr una equiparación salarial real y una jubilación digna. La decisión se tomó en el marco de la mesa de trabajo y diálogo convocada por JUNTOSPOLGC el pasado 8 de abril, en la que participaron CEP, JUPOL, UFP, AEGC y SIPE.
Fruto de esta reunión, CEP y JUPOL declararon formalmente el conflicto con la Administración, anunciando que sus vocales no asistirán a ninguna reunión del Consejo de Policía —incluidas comisiones, plenos o la mesa de jornada laboral— hasta que el Ministerio del Interior ponga sobre la mesa los temas clave de equiparación salarial y jubilación. Además, ambos sindicatos se han comprometido a trabajar juntos para reformar la normativa del Consejo de Policía.
Desde el Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE) se expresó también su respaldo a estas medidas adoptadas por CEP y JUPOL en unidad de acción. La Unión Federal de Policía (UFP), aunque mantendrá su presencia en ciertas reuniones como la de jornada laboral, apoyó la necesidad de una reforma en el reglamento del Consejo. Por su parte, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) volvió a reclamar el cumplimiento íntegro de la cláusula octava del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, que obliga al Gobierno a evitar futuras disfunciones retributivas entre cuerpos policiales del Estado.
Un silencio significativo
Desde JUNTOSPOLGC se ha lamentado que el resto de sindicatos representativos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil no acudieran a esta mesa de trabajo y diálogo, concebida como una oportunidad para construir una Unidad de Acción total frente a la Administración. “Es el momento de que todos vayamos a una. No hay avances sin presión unificada”, han señalado fuentes organizadoras.
Cinco años de agravios salariales
La lucha por la equiparación no es nueva. Según datos sindicales, un agente de la Policía Nacional sigue cobrando de media 7.400 euros anuales menos que un Mosso d’Esquadra, a pesar del acuerdo firmado en 2018. La Audiencia Nacional ya instó en 2023 al Ministerio del Interior a renegociar cláusulas del pacto, entre ellas las relacionadas con la segunda actividad y las medidas legales para garantizar una equiparación duradera.
Los sindicatos insisten: “No se puede seguir mirando hacia otro lado. Nuestros agentes merecen una retribución justa y unas condiciones dignas al final de su carrera profesional”.
Un paso firme para dignificar la labor policial
Los cuerpos firmantes del conflicto con Interior reclaman también un modelo de jubilación equiparable al de otros cuerpos autonómicos, con acceso real a la segunda actividad. El objetivo, aseguran, es garantizar no solo la operatividad, sino también la salud física y mental de quienes dedican su vida al servicio público.
