Policías y guardias civiles se concentran en Madrid para exigir la dimisión de Marlaska

Marlaska en el centro de la polémica: sindicatos convocan manifestación en Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska - Foto de Ministerio del Interior
photo_camera El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska - Foto de Ministerio del Interior

Policías y guardias civiles se manifestarán este lunes frente a la sede del Ministerio del Interior en Madrid para exigir la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, en medio de la polémica por la querella presentada por una agente contra el exdirector adjunto operativo (DAO), José Ángel González.

Lema “Dimisión” y convocatoria de los sindicatos

Bajo el lema “Dimisión”, la concentración, programada para las 12.30 horas en el Paseo de la Castellana, ha sido convocada por el sindicato Justicia Policial (Jupol). A esta se han sumado Justicia Guardia Civil (Jucil) y Jusapol, sindicato que integra efectivos de ambos cuerpos.

Desde el inicio, Jupol ha exigido la dimisión de Marlaska, argumentando que el ministro no creyó sus explicaciones sobre el desconocimiento de los hechos hasta la publicación de la querella. Asimismo, denuncian el silencio del director general de la Policía, que “sigue escondido sin dar explicaciones”, según indican.

Críticas a la cúpula policial y la gestión interna

Los convocantes denuncian que “la imagen de la cúpula policial se está deteriorando completamente con estos escándalos”, y alertan sobre el trato de favor a los mandos y la falta de garantías para los policías de base.

Jusapol subraya que Marlaska debería haber dimitido “hace tiempo, no solo por este escándalo, sino por la larga lista de decisiones polémicas y mentiras que arrastra”. Por su parte, Jucil expresó su total apoyo a la Policía Nacional y consideró inadmisible cualquier atisbo de encubrimiento en instituciones responsables del cumplimiento de la ley.

“Las autoridades deben dar ejemplo. Ante el menor indicio de un delito presuntamente cometido por un alto cargo, la Administración debe actuar con la misma firmeza y rigor que lo haría con cualquier ciudadano anónimo”, señalaron los sindicatos en un comunicado conjunto.