La instalación de una planta de biogás en Colmenar Viejo, promovida por Enagás y PreZero y proyectada para entrar en funcionamiento en 2026, se ha convertido en uno de los mayores focos de conflicto ambiental y social en la Comunidad de Madrid. La reciente aprobación por mayoría del Pleno municipal de Colmenar Viejo de una moción para revocar la declaración de utilidad pública del proyecto ha intensificado la movilización vecinal y ha desencadenado una ofensiva judicial liderada por plataformas ciudadanas y asociaciones locales.
Bajo el lema “Ni tan grande ni tan cerca”, miles de vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos se han organizado para frenar un proyecto que consideran “sobredimensionado, opaco y potencialmente peligroso”. La plataforma STOP Planta de Biogás Colmenar Viejo-Tres Cantos, respaldada por la Asociación Cultural 14 de abril y la Asociación Vecinal de Tres Cantos, ha llevado la batalla a los tribunales con el objetivo de revocar la declaración de interés social y detener su construcción.
Una planta cuestionada desde su origen
El proyecto contempla la gestión de hasta 75.000 toneladas de residuos orgánicos al año, con una posible ampliación a 150.000 toneladas, ocupando 20 hectáreas de terreno a escasos metros de zonas residenciales y un instituto. La cercanía a viviendas (algunas a solo 300 metros) y al centro urbano de Tres Cantos (a menos de 3 km) ha sido uno de los principales puntos de fricción. Los vecinos denuncian que no se respetan las distancias mínimas recomendadas, y temen emisiones de gases contaminantes, malos olores y un deterioro general de la calidad del aire y vida.
Desde la plataforma ciudadana se insiste en que el proyecto se desarrolló con opacidad, y que ni los vecinos ni las asociaciones tuvieron acceso a información relevante hasta febrero de 2025, dos años después del inicio de los trámites. La portavoz Marie Claude Belga ha calificado la situación como una imposición sin transparencia: “No vamos a parar. Es una amenaza ambiental inaceptable”.
Tensión institucional y amenazas políticas
El alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez (PP), ha rechazado la moción aprobada por la oposición y ha advertido de que votar a favor de revocar la utilidad pública podría suponer “un acto de prevaricación con responsabilidades penales”. Estas declaraciones han sido tachadas de chantaje institucional y amenaza velada por parte de la oposición y de colectivos vecinales, que denuncian que el informe jurídico en el que se ampara el regidor no es vinculante ni prohíbe que el Pleno se posicione políticamente.
Mientras tanto, el proceso legal sigue su curso y la recalificación urbanística del terreno está pendiente para permitir el inicio de las obras. El gobierno local del PP y Vox ha sido señalado por los vecinos por su apoyo al proyecto, que califican de interés político y económico por encima del bienestar de la población.
¿Sostenibilidad o imposición?
Desde el otro lado del debate, los promotores del proyecto defienden su valor ambiental y económico. La planta producirá 60 GWh anuales de energía renovable, abasteciendo a 30.000 personas y evitando la emisión de 23.000 toneladas de CO₂ anuales. Además, generará 35 empleos directos y reducirá hasta un 25% los costes de gestión de residuos para los municipios de la Mancomunidad del Noreste.
El proyecto está financiado en un 40% con fondos europeos Next Generation, y ha superado controles medioambientales de la Comunidad de Madrid, que aprobó su desarrollo tras examinar la documentación técnica del plan Smart Farm Biogas.
Entre las medidas para reducir el impacto se incluye un sistema de biofiltración avanzada y sensores de última generación que monitorizarán en tiempo real la emisión de gases, garantizando —según sus defensores— un funcionamiento seguro y eficiente. Además, el proceso de digestión anaerobia permitirá transformar residuos en biometano, un gas renovable que se inyectará en la red energética.
Un modelo bajo escrutinio
Pese a su potencial ecológico, la planta de Colmenar Viejo se enfrenta a un rechazo social masivo y a la crítica de falta de consenso vecinal. Expertos del sector reconocen que España necesita acelerar su transición hacia el biogás, con solo 12 plantas en funcionamiento frente a más de 250 en Alemania, pero también advierten de que los proyectos deben contar con apoyo ciudadano, planificación territorial adecuada y comunicación transparente.
La plataforma vecinal exige un “replanteamiento total del modelo”, y advierte de que el proyecto está “plagado de irregularidades” y guiado por intereses económicos ligados a las subvenciones.
En palabras de una de las vecinas afectadas: “Queremos energía limpia, sí, pero no a costa de nuestra salud, ni sin nuestra voz”.
El futuro inmediato
Todo está ahora en manos del alcalde, que debe convocar un pleno extraordinario para formalizar la revocación, mientras la demanda presentada sigue su curso en los juzgados. Entretanto, las movilizaciones continuarán, con la vista puesta en frenar la construcción antes de que se consume lo que los vecinos consideran una agresión ambiental encubierta como solución ecológica.
El conflicto de Colmenar Viejo no solo es una pugna local por una planta de biogás: es un símbolo de cómo deben plantearse los proyectos de transición energética, y una advertencia de que la sostenibilidad no puede imponerse sin diálogo ni justicia territorial.
