Servicios Sociales

Madrid destina 12,4 millones en 2025 para mejorar el apoyo a personas adultas con discapacidad

La Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (AMAPAD) ofrecerá este año servicios reforzados gracias al respaldo económico aprobado por el Consejo de Gobierno
Mayores - Freepik
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La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 12,4 millones de euros para garantizar durante 2025 la actividad de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (AMAPAD). Este organismo público tiene como objetivo principal representar y acompañar a personas con discapacidad en su día a día, siempre en el marco de las medidas legales establecidas por los jueces.

La AMAPAD actualmente apoya a 4.663 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad española, aunque también cuenta con representados procedentes de países como Ucrania, Rumanía, Marruecos, Polonia, Portugal o Bulgaria. Su labor se centra en facilitar la gestión de trámites administrativos, consultas sanitarias, asuntos patrimoniales y económicos, promoviendo a la vez la autonomía personal y la inclusión social de sus representados.

Atención 24 horas y tecnología accesible

Uno de los servicios clave de AMAPAD es su línea telefónica de atención 24 horas, integrada en el 112 y atendida por operadores especializados. Desde su puesta en marcha el pasado 1 de enero, ha sido utilizada en más de 1.000 ocasiones, convirtiéndose en un canal fundamental para ofrecer asistencia inmediata.

En el ámbito digital, la agencia también ha incorporado “Tu Appoyo”, una aplicación móvil lanzada a finales de 2024 que permite a los usuarios acceder de forma intuitiva a su información personal, gestionar citas, consultar datos bancarios y comunicarse directamente con los profesionales de la entidad. La app está organizada en ocho categorías que simplifican la experiencia de navegación para los usuarios con distintos grados de capacidad.

Un modelo centrado en la persona

El modelo de intervención de la AMAPAD se basa en el respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas adultas con discapacidad. Su enfoque sitúa a la persona en el centro de la toma de decisiones, reforzando así su capacidad jurídica y promoviendo su máximo nivel de independencia.