La actividad de la Fundación Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (IRMA) volvió a crecer en 2025, consolidándose como una herramienta clave para la resolución de conflictos laborales en la Comunidad de Madrid. Durante el último año, 505.046 trabajadores y 20.074 empresas se beneficiaron de sus servicios, que permitieron tramitar 792 expedientes, un 3,5% más que en 2024.
De los asuntos gestionados, 790 correspondieron a procesos de mediación —784 por conflictos colectivos y seis individuales—, mientras que dos casos se resolvieron mediante arbitraje.
Un sistema eficaz que evita conflictos y pérdidas económicas
El porcentaje de acuerdos alcanzados se situó en el 36%, una cifra que refleja la eficacia del sistema para resolver discrepancias entre empresas y trabajadores sin recurrir a la vía judicial.
Entre los conflictos más habituales destacan los relacionados con el tiempo de trabajo, que representaron el 22% del total y que incluyen cuestiones como jornada, calendarios o vacaciones. Les siguieron los conflictos vinculados al salario (21%) y los relativos a materia colectiva (12,5%).
La intervención del IRMA tuvo además un impacto económico significativo. Los acuerdos alcanzados permitieron desconvocar huelgas y evitar la pérdida de 167.287 jornadas laborales, lo que supone un valor estimado de 29 millones de euros.
Servicio público gratuito y orientado al consenso
El Instituto Regional de Mediación y Arbitraje forma parte del sector público autonómico y está integrado por la Comunidad de Madrid, los sindicatos CCOO y UGT-Madrid y la organización empresarial CEIM. Su funcionamiento se basa en los principios de rapidez, imparcialidad, igualdad entre las partes y gratuidad, facilitando soluciones negociadas en conflictos tanto colectivos como individuales.
Además de su actividad mediadora, el organismo desarrolló durante 2025 una intensa labor de difusión y formación, orientada a promover la cultura del diálogo social y la prevención de conflictos laborales.
Los datos del último ejercicio consolidan al IRMA como un instrumento esencial para el mantenimiento de la estabilidad laboral, la reducción de la conflictividad y la mejora del clima en las relaciones laborales en la región.
