La obligatoriedad de la baliza V16 conectada, en vigor en España desde el 1 de enero de 2026 como sustituta de los triángulos de emergencia, se enfrenta a un nuevo frente jurídico tras el aviso de la Comisión Europea sobre posibles irregularidades en su tramitación.
Según la respuesta del Ejecutivo comunitario a una pregunta parlamentaria formulada por la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, España no notificó a Bruselas los reales decretos que regulan este dispositivo conforme al procedimiento exigido por la Directiva (UE) 2015/1535. Esta normativa obliga a los Estados miembros a comunicar previamente cualquier proyecto de reglamento técnico que pueda afectar al mercado interior.
Riesgo de infracción y de inseguridad jurídica
La Comisión Europea advierte de que el incumplimiento de esta obligación podría dar lugar a un procedimiento formal de infracción contra España, de acuerdo con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Además, el Ejecutivo comunitario recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido debidamente notificados, lo que abre la puerta a posibles litigios y cuestionamientos de la norma.
Desde el PPE señalan que esta situación genera “una enorme inseguridad jurídica para millones de conductores y para el conjunto del sector”, al haberse impuesto un dispositivo obligatorio sin cumplir, presuntamente, los procedimientos comunitarios.
Impacto en el mercado interior
Bruselas subraya también que la señalización de emergencias en carretera no está armonizada a nivel europeo, por lo que cada Estado puede establecer sus propias normas. Sin embargo, advierte de que la imposición de requisitos técnicos específicos a un dispositivo concreto puede constituir una restricción al comercio dentro del mercado interior, algo que las autoridades españolas tendrían que justificar conforme al Derecho de la Unión.
En el caso de la baliza V16, España es el único país de la UE que ha hecho obligatoria una versión conectada con especificaciones técnicas concretas, lo que, según el PPE, podría afectar a la libre competencia y a la comercialización de dispositivos alternativos.
La norma sigue en vigor por ahora
Pese al aviso europeo, la Comisión no ha anulado la normativa ni ha iniciado todavía un procedimiento formal. La obligación de llevar una baliza V16 conectada y homologada continúa vigente en España, y el calendario establecido por la Dirección General de Tráfico no ha sido modificado.
No obstante, el pronunciamiento de Bruselas obliga ahora al Gobierno a justificar la medida o regularizar su tramitación, en un debate que podría prolongarse en el ámbito jurídico y político en los próximos meses.
La eurodiputada Dolors Montserrat ha reclamado al Ejecutivo que aclare de forma inmediata la situación y garantice el pleno respeto al Derecho de la Unión Europea, advirtiendo de que decisiones unilaterales en materia técnica pueden afectar a la seguridad jurídica, la competencia y la confianza en las instituciones.
