Una operación de la Guardia Civil ha permitido liberar a 80 personas migrantes sometidas a condiciones de semiesclavitud en la provincia de Castellón y desarticular una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La actuación, desarrollada durante meses bajo el nombre de operación “Balarama”, se ha saldado con siete detenidos, dos de los cuales han ingresado en prisión.
La red captaba a sus víctimas en distintos países mediante falsas ofertas de empleo con condiciones atractivas, pero al llegar a España eran obligadas a trabajar en el sector agrícola en condiciones extremas, con jornadas de hasta 13 horas diarias, sin descanso y sin apenas remuneración.
Engañados con falsas promesas y atrapados en una red de explotación
Las víctimas, en su mayoría hombres jóvenes de entre 20 y 35 años, procedían principalmente de Nepal, Pakistán, Senegal y países árabes. Eran captadas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales, donde se les prometía trabajo estable, salario digno, alojamiento y manutención.
Sin embargo, tras aceptar la oferta, eran trasladadas a España —en ocasiones mediante viajes organizados por la propia red— generándoles una deuda que luego se utilizaba como mecanismo de control y coacción.
A su llegada, eran alojadas en viviendas en condiciones de hacinamiento extremo, en algunos casos sin agua ni electricidad, lo que agravaba aún más su situación de vulnerabilidad.
Jornadas extenuantes y control mediante amenazas
Las condiciones laborales eran especialmente duras. Las víctimas eran obligadas a trabajar en la recolección agrícola durante largas jornadas de hasta 12 y 13 horas, sin apenas descansos y con una remuneración inexistente o simbólica.
Además, no contaban con contrato laboral ni documentación legal, lo que incrementaba su dependencia de la organización. Los gastos de alojamiento, transporte o manutención eran descontados de sus supuestos salarios, lo que impedía cualquier ahorro.
El control sobre las víctimas se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, generando un clima de miedo constante que dificultaba cualquier intento de fuga o denuncia.
Una organización estructurada y con apariencia legal
La investigación, desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en coordinación con la Fiscalía y la Inspección de Trabajo, permitió descubrir una estructura criminal jerarquizada.
El entramado se organizaba en diferentes niveles:
- Un grupo encargado de la captación en los países de origen
- Otro responsable del traslado y alojamiento
- Y un tercer nivel dedicado a la explotación laboral y la gestión de beneficios
Los principales beneficiarios eran un matrimonio de origen pakistaní, que utilizaba empresas y estructuras legales para dar apariencia de legalidad a parte de la actividad, además de eludir obligaciones con la Seguridad Social.
Actuación en varias comarcas y liberación de las víctimas
La red operaba principalmente en las comarcas de La Plana Baixa y L’Alt Palancia (Castellón), así como en Camp de Morvedre, Camp de Turia y L’Horta Nord (Valencia). Su centro de operaciones se encontraba en Nules, donde las víctimas eran alojadas en hasta cuatro viviendas.
Durante la operación se realizaron cinco registros domiciliarios, que culminaron con la detención de siete personas y la liberación de 80 víctimas (77 hombres y tres mujeres).
Atención social y apoyo a las víctimas
Tras su liberación, las víctimas han sido atendidas con la colaboración de diversas entidades sociales y sanitarias como Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos, que han garantizado su asistencia y protección.
Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente el alcance de la red y depurar responsabilidades.
