La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha vuelto a exigir la ilegalización de las empresas de desokupación, tras el violento asalto perpetrado por miembros de APD Security Iberia este martes en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. La organización denuncia que este tipo de compañías actúan con violencia, coacción y amenazas, y advierte de que sus métodos son “incompatibles con la democracia y la convivencia en los barrios”.
Violento asalto en un gimnasio de Vallecas
Según ha informado la FRAVM, los hechos se produjeron después de que miembros de APD Security Iberia intentaran desalojar a un vecino de su vivienda, acosándole con gritos, golpes y amenazas. La víctima, que llevaba años residiendo en el barrio sin generar conflictos, se refugió en un gimnasio cercano, donde los miembros de la empresa irrumpieron violentamente, provocando varios heridos y detenciones.
La federación vecinal denuncia que estos “escuadristas” actúan fuera de la ley y están vinculados a grupos neonazis y de extrema derecha, algo que —aseguran— se ha constatado en numerosas investigaciones.
“No podemos normalizar que grupos paramilitares irrumpan en nuestros barrios para expulsar por la fuerza a vecinos vulnerables”, ha señalado la FRAVM, subrayando que “el Estado ya dispone de mecanismos legales y cuerpos de seguridad para garantizar los derechos de los propietarios sin recurrir a la violencia”.
“Incompatibles con la democracia”
La FRAVM sostiene que las empresas de desokupación representan una amenaza para el Estado de derecho, al asumir por cuenta propia funciones que competen al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
“Más allá de sus vínculos con la extrema derecha, estas empresas utilizan la coacción, el acoso y la violencia como métodos de presión habituales, lo que las hace incompatibles con la democracia”, denuncia la organización vecinal.
Para la federación, el reciente asalto en Vallecas evidencia el peligro que suponen estos grupos privados, cuyas actuaciones ponen en riesgo la convivencia y la seguridad de los barrios madrileños.
Emergencia habitacional y falta de soluciones
La FRAVM enmarca este suceso en el contexto de una grave crisis habitacional en la Comunidad de Madrid, donde el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un problema estructural.
“Con los precios del alquiler y la compra desbocados, cada vez más familias se ven empujadas a situaciones límite”, advierte la organización, que considera que la respuesta no puede ser la acción violenta de empresas privadas, sino políticas públicas valientes.
Entre las medidas que propone, destacan el control de precios, la lucha contra la especulación inmobiliaria y el fomento del parque público de vivienda y del alquiler asequible.
Llamamiento a las autoridades
La FRAVM ha solicitado tanto al Gobierno central como a la Comunidad de Madrid que actúen de forma inmediata para prohibir la actividad de las empresas de desokupación y reforzar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad.
“No podemos seguir permitiendo que la violencia sustituya a la justicia”, concluye la federación, recordando que la convivencia vecinal solo puede garantizarse desde el respeto a la legalidad y a los derechos humanos.
