Esta situación deja desprotegidas más de 20.000 hectáreas de alto riesgo, según ha alertado la Plataforma Ecologista Madrileña, integrada por ARBA, El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura.
Un riesgo creciente en las zonas de interfaz urbano-forestal
El Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales 2025 de la Comunidad de Madrid ha catalogado 2.361 zonas de interfaz urbano-forestal (IUF), que suman 22.624 hectáreas. Sin embargo, solo se han aprobado 60 planes de autoprotección y otros 35 se encuentran en tramitación.
Las organizaciones ecologistas advierten de que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que en la región existen más de 78.000 construcciones ilegales, muchas levantadas en suelo forestal, que aumentan los puntos de contacto entre viviendas y monte, generando un riesgo extremo en caso de incendio.
Las áreas IUF incluyen núcleos de población, urbanizaciones, viviendas aisladas, campings, gasolineras o vertederos situados junto a masas forestales. Su peligrosidad radica en que el fuego puede penetrar con facilidad, obligando a un gran despliegue de medios de extinción para proteger tanto a las personas como a los ecosistemas.
Una obligación incumplida desde 2006
Desde la aprobación del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA), en 2006, todas las zonas de alto riesgo deben contar con planes de autoprotección (PAIF). La última actualización del INFOMA, en 2017, extendió esta obligación a 59 municipios, fijando un plazo máximo de un año para la presentación de los planes, que venció en junio de 2018.
Estos planes tienen como objetivo organizar medidas básicas de prevención y respuesta inmediata hasta la llegada de los equipos de extinción autonómicos. Deben identificar riesgos, catalogar medios disponibles y establecer protocolos de actuación. La ausencia de estos documentos, que deberían estar plenamente implantados hace casi dos décadas, deja a miles de vecinos en una situación de vulnerabilidad extrema.
Críticas a la desregulación urbanística y ambiental
La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia que las modificaciones legislativas impulsadas por el Gobierno regional en los últimos años han reducido la protección del suelo forestal. Las llamadas “leyes ómnibus” de 2022 y 2024 han modificado la Ley del Suelo, la Ley Forestal y la normativa de espacios protegidos, facilitando la construcción dispersa en monte y la instalación de nuevas actividades económicas en espacios de alto valor ecológico.
A juicio de las organizaciones, estas políticas fomentan la creación de nuevos núcleos habitados sin control municipal, lo que multiplica los riesgos frente al fuego, incrementa el gasto público en emergencias y reduce la protección de la biodiversidad.
Exigencias al Gobierno regional
Ante esta situación, los ecologistas reclaman al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que:
- Haga cumplir la normativa de prevención de incendios forestales.
- Revoque las modificaciones legales que favorecen la construcción en suelo forestal.
- Ponga la seguridad de las personas y la protección de los ecosistemas por delante de los intereses económicos a corto plazo.
La Plataforma recuerda que cada verano los incendios forestales ponen en riesgo vidas, viviendas y espacios naturales únicos en la Comunidad de Madrid. Como ejemplo, señalan el incendio de Tres Cantos-Viñuelas, donde la falta de planes de autoprotección complicó la labor de los servicios de emergencia.
