La obligatoriedad de las balizas V-16 a partir del 1 de enero de 2026, en sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia, está generando una creciente polémica entre conductores, técnicos y analistas de seguridad vial, que cuestionan su eficacia real en situaciones de emergencia.
Aunque la medida fue aprobada en 2021 con el objetivo de mejorar la visibilidad y reducir riesgos en carretera, la experiencia de numerosos usuarios y las advertencias de expertos apuntan a importantes carencias técnicas que podrían convertir este dispositivo en un elemento insuficiente e incluso peligroso.
Uno de los aspectos más criticados es que las balizas V-16 no avisan automáticamente a los servicios de emergencia. A pesar de su componente tecnológico y de la promesa de geoposicionamiento, no existe una conexión directa con el 112, lo que implica que, si el conductor no puede realizar la llamada por sus propios medios, la baliza no activa ningún protocolo de auxilio.
Problemas de batería, cobertura y fijación en vehículos modernos
Usuarios que ya han probado estos dispositivos alertan de fallos recurrentes:
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Consumo acelerado de las baterías, que pueden agotarse antes de que llegue la asistencia.
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Problemas de cobertura, especialmente en carreteras secundarias o zonas con mala señal.
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Fallos en la activación automática del sistema de señalización.
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Dificultades para fijarse al techo del vehículo, ya que muchos coches modernos utilizan materiales no metálicos que impiden la correcta adherencia magnética.
Estas deficiencias generan incertidumbre sobre su funcionamiento en condiciones reales, especialmente en accidentes nocturnos, con meteorología adversa o en zonas aisladas.
Coste elevado y beneficio cuestionado
El economista José Ramón Riera ha sido especialmente crítico con la implantación del sistema, subrayando el impacto económico de la medida. En palabras del analista, “cuando se obliga a millones de conductores a comprar un dispositivo que no garantiza seguridad efectiva, hay que preguntarse a quién beneficia realmente”.
Riera también ha señalado que el coste estimado —entre 30 y 40 euros por vehículo, multiplicado por un parque móvil de más de 40 millones— supone “un desembolso multimillonario para los ciudadanos sin una mejora proporcional en seguridad”, lo que a su juicio exige una revisión técnica y normativa urgente.
Seguridad simbólica frente a seguridad real
Más allá del cumplimiento legal, los críticos advierten de que la carretera no es un entorno de pruebas, y que imponer un sistema con fallos conocidos puede generar una falsa sensación de protección. Si la baliza no funciona correctamente y el conductor queda inmovilizado sin cobertura ni aviso a emergencias, el riesgo se multiplica.
Mientras la DGT mantiene la obligatoriedad y advierte de sanciones a quienes no dispongan de la V-16 homologada, crece la presión para que el sistema sea revisado, mejorado o complementado con mecanismos de aviso real y fiable a los servicios de emergencia.
