El Ministerio de Sanidad ha llevado a la Comunidad de Madrid ante los tribunales al presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no haber creado ni remitido el registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto, un instrumento que la ley obliga a todas las comunidades autónomas a disponer para garantizar tanto el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como la protección de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
La decisión fue anunciada este viernes por la ministra de Sanidad, Mónica García, en una entrevista en Al rojo vivo (La Sexta), donde denunció lo que calificó como un “incumplimiento flagrante de la ley” por parte del Ejecutivo madrileño. Según García, Madrid es “la única comunidad autónoma que no ha elaborado ni presentado este registro”, pese a que tuvo un mes de plazo para hacerlo tras la entrada en vigor de la normativa que lo exige.
La ministra subrayó que el registro no es solo una herramienta para planificar la prestación del servicio de aborto en la sanidad pública, sino también un mecanismo para garantizar los derechos de los propios objetores, evitando situaciones de inseguridad jurídica o discriminación laboral. “No se trata de cuestionar la objeción de conciencia, sino de ordenarla y compatibilizarla con el derecho de las mujeres a acceder a una prestación sanitaria legal”, defendió.
García fue especialmente dura con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al que acusó de situarse “al margen de la ley” y de haber recortado derechos reproductivos en la región. En este contexto, habló de una “especie de trumpismo cañí” para describir, en su opinión, una forma de gobernar basada en la confrontación con el marco legal estatal y en la desprotección de los derechos de las mujeres. “Al final, quienes pagan estas decisiones son las mujeres y la ciudadanía con derechos que han costado décadas conquistar”, añadió.
El recurso presentado por Sanidad busca que el TSJM obligue a la Comunidad de Madrid a crear y remitir el registro de objetores, tal y como han hecho el resto de autonomías. Fuentes del Ministerio señalan que el objetivo no es “judicializar por judicializar”, sino hacer efectivo un mandato legal que consideran imprescindible para asegurar una atención sanitaria equitativa y sin barreras en todo el territorio.
Desde el punto de vista jurídico, el caso se enmarca en el conflicto competencial recurrente entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid en materia sanitaria y de derechos reproductivos. Sanidad sostiene que la ausencia del registro puede provocar desigualdades territoriales y dificultar la planificación de recursos humanos en hospitales públicos, mientras que el Ejecutivo madrileño ha defendido en otras ocasiones su autonomía organizativa en la gestión sanitaria.
El TSJM deberá ahora admitir a trámite el recurso y abrir un procedimiento en el que ambas partes expondrán sus argumentos. Si el tribunal da la razón a Sanidad, la Comunidad de Madrid podría ser obligada a cumplir con la creación del registro en un plazo determinado, con posibles consecuencias administrativas si persiste en su negativa.
