La tensión política y mediática que envuelve al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz dio un giro este viernes tras la inspección urgente realizada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que concluyó que no existe evidencia que indique reutilización de material sanitario de un solo uso, como catéteres cardiológicos, tal y como recogían publicaciones difundidas horas antes.
Según el informe elaborado por la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, los técnicos revisaron registros de la central de esterilización, verificaron material almacenado en la unidad de cardiología-hemodinámica —confirmando que los catéteres disponen de marcado CE y proceden de fabricantes— y comprobaron en la zona de residuos que no hubiera material desechable reutilizado fuera de los contenedores reglamentarios. Los responsables de Medicina Preventiva, Cardiología-Hemodinámica y Esterilización negaron categóricamente que se hayan llevado a cabo prácticas de reprocesamiento de productos no reutilizables.
El comunicado oficial afirma que la inspección “no ha puesto de manifiesto ninguna evidencia que indique la reutilización de productos sanitarios de un solo uso”, manteniendo coherencia con las declaraciones del equipo directivo del centro. Pese al resultado inicial, la Consejería confirmó que la investigación continuará en los próximos días.
El caso saltó a primera línea tras la difusión de audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, que motivaron su dimisión y la apertura de una auditoría interna en profundidad. Gallart sostiene que los fragmentos difundidos fueron “cortados y editados”, y difundió un audio más extenso que —según afirma— certificará mediante acta notarial. “Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión”, declaró el directivo, defendiendo la ética del grupo sanitario.
La polémica escaló hasta el escenario institucional del 47º aniversario de la Constitución, donde la oposición cargó contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, sostuvo que el episodio “no es un fallo del sistema, es el modelo del PP”, acusando al Gobierno regional de favorecer la derivación de pacientes hacia la privada. Desde el PSOE, Óscar López calificó el caso como “verdadero escándalo” que convierte “un derecho en un negocio”.
Por su parte, Ayuso defendió que no se debe “poner bajo sospecha a todo el sistema sanitario ni a los profesionales del Hospital de Torrejón” y anunció nuevas inspecciones además de las más de 40 realizadas este año sin irregularidades detectadas. “Si hubiera habido mala praxis, no tendríamos problema en actuar”, afirmó, insistiendo en que las decisiones deben tomarse “con mesura y no por prisas mediáticas”.
La Comunidad de Madrid ha convocado una reunión con Ribera Salud para el próximo martes con el propósito de esclarecer responsabilidades y evaluar la gestión del centro. Mientras tanto, el debate político continúa tensándose entre acusaciones de deterioro de la sanidad pública, defensas institucionales y una investigación aún abierta, pero con primeras conclusiones que descartan pruebas de reutilización.
