La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha anunciado una revisión exhaustiva y una reunión urgente con la dirección de Ribera Salud, empresa gestora del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, después de que El País publicara audios donde el CEO del grupo, Pablo Gallart, insta a ampliar listas de espera para mejorar beneficios económicos. Pese a ello, el Gobierno regional afirma que, por el momento, no se han detectado incumplimientos en el contrato de concesión y que la atención a los pacientes es "excelente".
Los audios publicados revelan una reunión del 25 de septiembre, en la que Gallart pedía a sus responsables "desandar el camino" tras dos años reduciendo demoras en citas e intervenciones, sugiriendo ajustes para alcanzar un EBITDA de entre cuatro y cinco millones. Este contenido ha provocado un terremoto político y sanitario que ha obligado a la administración madrileña a reaccionar.
Sanidad ha movilizado un equipo multidisciplinar para evaluar sobre el terreno el funcionamiento del hospital, que atiende a unas 150.000 personas en el corredor del Henares. “No se tolerará ninguna práctica que perjudique el acceso a la asistencia sanitaria”, subrayó el departamento dirigido por Fátima Matute.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, añadió que se pedirán “cuantas explicaciones sean necesarias”, insistiendo en que la atención hospitalaria madrileña es “excelente” y supervisada de forma continua.
La polémica ha desencadenado reacciones políticas inmediatas. PSOE y Más Madrid han anunciado acciones legales, mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que el Gobierno central investigará lo ocurrido, denunciando que “se engrosan beneficios privados a costa de la sanidad pública”.
La presión ha llevado a Ribera Salud a anunciar una auditoría interna en profundidad y a comunicar que Pablo Gallart deja de estar vinculado a la gestión del Hospital de Torrejón, aunque continuará como CEO del grupo. Paralelamente, cuatro directivos que denunciaron estas prácticas en el canal ético fueron despedidos, según adelantó El País.
Mientras la investigación avanza, el debate sobre la colaboración público-privada en sanidad vuelve al centro del tablero político. El caso amenaza con convertirse en uno de los frentes sanitarios más tensos de la legislatura.
