Así, en el texto conjunto registrado al proyecto de ley que está tramitándose en el Congreso, el Gobierno y parte de sus socios independentistas amplían los supuestos para los “amnistiados”.
Según el texto que proponen, “también quedarán amnistiados los actos de desconsideración, o crítica o agravio vertidos contra las autoridades y funcionarios públicos, los entes e instituciones públicas, así como sus símbolos o emblemas, incluidos los actos llevados a cabo a través de la prensa, de la imprenta, de un medio de comunicación social, de internet o mediante el uso de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes, así como en el curso de manifestaciones, asambleas, obras o actividades artísticas o educativas u otras de similar naturaleza que tuvieran por objeto reivindicar la independencia de Cataluña o la celebración de las consultas”.
También abogan por establecer en el artículo 2, referido a las exclusiones, “un nuevo supuesto congruente con la limitación de la amnistía a supuestos de genocidio y otros crímenes”.
Además, con la intención de “clarificar” la aplicación de la ley, modifican el artículo 4 de manera que “son los órganos que conocen las causas los que aplican el levantamiento de medidas cautelares y órdenes de detención”.
Con este mismo espíritu, modifican el artículo 11 para clarificar que “el alzamiento de cualesquiera medidas cautelares, incluidas las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, así como de las órdenes de detención, corresponderá al órgano judicial que, en cada momento, venga conociendo de la causa".
Dichos grupos apuestan por ser “congruentes” y ante “la cancelación de antecedentes penales regulada en otros apartados” se cambia el artículo 5 para que conste “la eliminación del Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana de las infracciones y sanciones derivadas de los procedimientos administrativos objeto de la presente ley de amnistía”.
Según explican fuentes parlamentarias presentes en la Comisión de Justicia, que es la que tramita esta ley, este jueves tendrá lugar la primera reunión, en sesión extraordinaria a las 9.30 horas en el Senado, de la ponencia para organizar la tramitación una vez acabado el plazo de enmiendas.
A tenor del descuelgue de Junts del pacto del Ejecutivo y otros partidos, fuentes parlamentarias aclaran que "ni las enmiendas del PP ni las de Vox saldrían" adelante, "ni las que pudiera presentar Junts por su cuenta".
En cambio, en ponencia entrarán las enmiendas pactadas porque, según el reparto de la comisión, son 19 votos seguros de manera que, si Junts quiere votarlas, llegan a 20 y éstas "se incorporan ya a la ley y no se vuelven a votar más". Así, aclaran dichas fuentes "las enmiendas pactadas se blindan en ponencia" mientras que "las no pactadas se rechazan en ponencia" aunque los partidos proponentes, seguramente, las mantendrán vivas en la Comisión e incluso en el Pleno.