El PSOE ha decidido asumir en solitario la gestión de la crisis de las pulseras antimaltrato, una polémica que estalló esta semana y que amenaza con tensionar la relación entre los socios de Gobierno. Desde Ferraz y Moncloa se ha optado por centrar las explicaciones en la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pese a que los criterios de compra que generaron el conflicto fueron fijados por la anterior titular del área, Irene Montero (Podemos).
Fuentes socialistas recalcan que fue Montero quien introdujo en el pliego de condiciones el requisito del “bajo precio”, algo que consideran inadecuado para un dispositivo de seguridad como las pulseras telemáticas de control a agresores de violencia de género. “De estos polvos vienen estos lodos”, apuntan, recordando que la polémica arranca en la etapa de Igualdad bajo control de Podemos.
El Ejecutivo, en plena tormenta mediática, llegó a verificar si las pulseras habían sido adquiridas en plataformas de bajo coste como Aliexpress, extremo que fue desmentido públicamente por Redondo. Desde el PSOE critican que, pese a conocerse el origen de la controversia, la opinión pública no haya señalado directamente a Podemos, que ahora se mantiene al margen mientras los socialistas absorben el desgaste.
Un diputado socialista admite que cargar la responsabilidad sobre Sumar sería “tirarse piedras sobre el propio tejado”, mientras que con Podemos existe un frágil equilibrio debido a otras negociaciones en curso. Cabe recordar que los morados se negaron a apoyar la reciente cesión de competencias en materia de migración a Cataluña, pactada entre el PSOE y Junts.
El malestar ha llevado al Gobierno a endurecer su discurso contra Podemos. Esta semana, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reprochó a los morados en el Congreso que se centren en “marcar diferencias” y en “minimizar” la labor socialista, calificándolo de “irresponsabilidad” en un contexto en el que el Ejecutivo necesita cohesión.
Desde el sector socialista se pide a Podemos una reflexión y se les acusa de usar la crisis de las pulseras y otras discrepancias como estrategia para marcar perfil propio, incluso a costa de debilitar al Gobierno. Para Ferraz, se trata de una “apuesta forzada y un error político” que amenaza con agravar la ya compleja aritmética parlamentaria.
En medio de la polémica, el PSOE insiste en que su prioridad es mantener la estabilidad del Ejecutivo, mientras refuerza el mensaje de que la gestión actual de Igualdad está centrada en resolver los problemas heredados y no en abrir nuevos frentes con los socios de coalición.
