La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Orlena de Miguel, ha defendido públicamente la presunción de inocencia del equipo de Gobierno ante las informaciones aparecidas en algunos medios y ha asegurado que no existe ninguna notificación judicial oficial relacionada con los hechos que se están insinuando.
En una comparecencia, la edil ha afirmado que el Consistorio “no tiene conocimiento oficial de ningún procedimiento” y ha advertido de que, si se confirma la falsedad de determinadas afirmaciones, el Ayuntamiento emprenderá acciones legales para proteger el honor del Ejecutivo municipal.
De Miguel ha sido tajante al respecto: cualquier persona o entidad que asegure que el Gobierno local conocía previamente los hechos difundidos en los medios “recibirá la correspondiente denuncia”.
Rechazo a los “juicios mediáticos”
La responsable de Seguridad ha insistido en que el equipo municipal no participará en juicios paralelos ni en condenas públicas sin base jurídica, y ha reclamado que cualquier valoración se sustente únicamente en hechos acreditados y resoluciones oficiales.
Asimismo, ha pedido responsabilidad institucional a la oposición y ha recordado que el actual Gobierno local ha mantenido el mismo criterio en otros casos, evitando solicitar dimisiones anticipadas o convocatorias extraordinarias por respeto al principio de presunción de inocencia.
Funcionamiento normal de la Policía Local
De Miguel también ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad sobre el servicio municipal, subrayando que la Policía Local mantiene su actividad con total normalidad y plena operatividad.
Como ejemplo, ha citado la reciente intervención en la zona del Gran Canal ante un individuo armado, una actuación que, según ha señalado, se desarrolló con profesionalidad y eficacia.
Procedimientos ajustados a la legalidad
En relación con las críticas sobre la provisión de determinados puestos en la Jefatura policial, la concejala ha asegurado que todos los procesos se han realizado conforme a la normativa vigente y que, en los casos que han sido recurridos, los tribunales han avalado su legalidad.
La edil ha concluido reiterando que el Ayuntamiento actuará con “serenidad y rigor jurídico”, centrado en garantizar la seguridad de los vecinos y el correcto funcionamiento de los servicios municipales.
“Nuestro deber es garantizar la seguridad y el servicio público. Lo demás son especulaciones que no pueden convertirse en condenas mediáticas sin base legal”, ha señalado.
